El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido este jueves la necesidad de seguir trabajando en una reforma de la ley electoral que permita que quienes abandonaron el País Vasco o Navarra por presiones terroristas puedan ejercer el voto en sus comunidades.

Fernández Díaz ha aludido así durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press a esta iniciativa del Gobierno de Mariano Rajoy que aún no se ha materializado. "Debemos seguir trabajando para modificar la ley electoral para que puedan ejercer el voto en el País Vasco aquellos que lo abandonaron por amenazas terroristas", ha reconocido.

El Ministerio del Interior encargó un informe sobre este asunto a un grupo de expertos que propuso que puedan ejercer este derecho todas aquellas personas que acrediten haber vivido allí cinco años después del 15 de junio de 1977 —fecha de las primeras elecciones democráticas— y aseguren haber abandonado el lugar por presiones terroristas.

En la presentación del informe en julio de 2012, Fernández Díaz defendió la constitucionalidad de esta medida y la alejó de todo interés "electoralista". De hecho, aseguró que la iniciativa estaba orientada "pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones", algo que da "aún más legitimidad" al Gobierno para poner en marcha la modificación, según alegó.

El informe, presentado también por el presidente del Centro de Estudios Constitucionales, Benigno Pendás, sostenía como "perfectamente constitucional" habilitar el voto para la llamada 'diáspora vasca' y ya presentaba una propuesta de reforma de la ley electoral para hacerlo posible.

Según el informe, para poder acogerse al voto exiliado, los ciudadanos que lo deseen tendrían que acudir a la oficina del censo del lugar donde residan en la actualidad, acreditar haber vivido en el País Vasco o Navarra durante cinco años y asegurar haber huido del lugar por presiones terroristas, sin necesidad de demostrar este último hecho.

La propuesta de los 20 expertos que estudiaron el asunto sugería la creación de un artículo 33 bis en la LOREG por el que, quien quiera votar en el País Vasco o Navarra después de haber vivido allí durante cinco años, pueda acudir a la oficina del censo de su actual lugar de residencia y solicitar el traslado a su último domicilio en el País Vasco o Navarra, de forma que no se produciría un doble voto.

Los interesados podrían pedir el traslado censal una sola vez, según la propuesta en un plazo de seis meses, y rectificar también una sola vez. Además, no preveía la creación un censo de desplazados, sino que los votos de la diáspora estarían integrados en el censo ordinario. En cuanto a la forma de emitir el voto, los expertos se decantaron por el voto por correo, aunque también consideraban constitucional que se estipule que deba hacerse de forma presencial.

UPyD

Lo llevó al congreso

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) retomó el asunto hace tan solo un mes, cuando presentó en el Congreso una proposición no de ley pidiendo al Gobierno que reconozca el derecho de voto en el País Vasco y Navarra de aquellas personas obligadas a abandonar sus lugares de origen por la presión y la violencia de ETA.

En su iniciativa, la formación magenta no sólo considera necesario permitir a los exiliados vascos y navarros por la presión de ETA a que ejerzan su derecho al sufragio en sus respectivas comunidades, sino que es fundamental que el Ejecutivo impulse medidas que neutralicen la "depuración" del censo electoral practicada por la banda terrorista "a base de asesinatos, extorsiones y presiones".