El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) juzgará si el presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, ha incurrido en incompatibilidad al ejercer el cargo al tiempo que mantiene la titularidad de su farmacia. La sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal autonómico ha desestimado el recurso presentado por Bauzá contra la admisión de la demanda que plantearon los grupos parlamentarios de la oposición, PSIB y MÉS, al entender que, al contrario que lo alegado por Bauzá, sí están legitimados para denunciarle.

Los grupos de izquierdas del Parlament balear presentaron un recurso contra el archivo de las diligencias informativas que abrió el propio Govern para analizar la supuesta incompatibilidad de su presidente al simultanear el cargo con la propiedad de una farmacia y, a principio de legislatura, con la titularidad de dos sociedades mercantiles. PSIB y MÉS pidieron el pasado mes de julio al TSJB que anulara dicho archivo y declarara la incompatibilidad de Bauzá para que cesara en su cargo.

El rechazo del recurso del presidente supone la apertura de la fase de prueba y, por tanto, que el tribunal entrará en el fondo de la cuestión y analizará si los negocios de Bauzá conculcan la Ley de Incompatibilidades autonómica. El auto emitido por la sala de lo contencioso administrativo del TSJB confirma otro en el mismo sentido que formuló el pasado mes de octubre el mismo órgano al rechazar un recurso previo de la Abogacía de la Comunidad.

El alto tribunal pone de manifiesto que el recurso de Bauzá se basa en los mismos argumentos que ya fueron rechazados y evita reproducir todos los razonamientos, "porque las partes son las mismas y ya fueron notificadas en su contenido". No obstante, sí rebate el cuestionamiento del interés legítimo de los diputados para denunciar la presunta incompatibilidad del presidente, ya que es el Parlament balear del que forman parte el que decide con su voto quién ocupa la jefatura del Govern autonómico.

Esta decisión ha sido ratificada por tres de los cinco magistrados de lo contencioso administrativo del TSJB, mientras que otras dos han emitido un voto particular, igual que ya hicieran en la primera ocasión en la que analizaron este asunto.

Las magistradas discrepantes basan su razonamiento jurídico en una sentencia del Tribunal Supremo de 2011, referida a Andalucía, en la que se sostiene que "la condición de parlamentario no es un plus que permita gozar de ella a falta de un derecho o interés legítimo que se vea vulnerado por la actuación administrativa".