El diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) Ramón Vázquez ha acusado a la Xunta este miércoles de estar cometiendo "una doble ilegalidad" al seguir concertando con centros educativos que segregan por sexo a sus alumnos "aprovechando" la aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Como ha explicado Vázquez en comisión parlamentaria, la primera parte de la "ilegalidad" consiste en interpretar que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que invalida estos conciertos se basa únicamente en la norma educativa vigente hasta ahora, la LOE, cuando también descansa sobre los principios que dicta la Ley de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.

Así las cosas, al seguir financiando a estos colegios, la Xunta "sigue sin cumplir la sentencia" del alto tribunal gallego "diga lo que diga la Lomce".

La segunda pata de la "ilegalidad", ha proseguido el parlamentario de AGE, es la decisión del Gobierno autonómico de "ir suprimiendo progresivamente" las unidades concertadas en estos centros —comenzando por el primer ciclo—, cuando la ley establece que "un concierto requiere que todas las unidades estén concertadas".

"Su aplicación progresiva de la sentencia sitúa a los centros en una posición ilegal", ha denunciado, antes de espetar a la bancada popular que "concierte todas o desconcierte todas", porque "es ilegal tener unidades no concertadas en un centro concertado". En todo caso, el objetivo de su proposición no de ley, que rechazó el PP, era pedir a la Xunta que "no renueve ninguna unidad" con los centros que segregan.

"apartheid educativo"

En su argumentación, ha justificado su petición en que no se puede financiar con dinero público "un apartheid educativo" en función del sexo de los estudiantes.

Si bien contó con el respaldo de los grupos de la oposición, expresado tanto por Vicente Docasar (PSOE) como por Carme Adán (BNG), el representante popular en el debate, Román Rodríguez, ha reivindicado que su formación "apuesta por la libertad de elección de las familias y también de los centros en su ideario".

A renglón seguido, ha señalado a Vázquez que "el apartheid es algo obligado, impuesto, que las personas sufren por una voluntad totalitaria", mientras que las familias que matriculan a sus hijos en estas escuelas lo hacen "libremente".

"No se pueden hacer comparaciones tan frívolas", le ha reprochado Rodríguez, distinguiendo entre "una imposición injusta" y "la libertad de optar por un modelo educativo que lleva muchos años conviviendo en España".

En su turno de réplica, el diputado de Alternativa ha recordado que "la libertad de elección no puede encubrir la vulneración de derechos individuales" y que "la máxima de que la libertad de unos no puede recaer sobre el sombrero de otros" es en la que se basa la sentencia para prohibir la financiación pública de estos centros. "No dicen que no puedan existir, dicen que no pueden recibir dinero público", ha replicado.

"se irá mejorando"

Sin salir del ámbito educativo, en la misma comisión se ha abordado, de la mano de Vicente Docasar, la recuperación de los derechos profesionales y laborales que han pedido los docentes durante la crisis económica.

Enfrente, el director xeral de Centros e Recursos Humanos de la Consellería de Educación, José Manuel Pinal, ha recordado que estos trabajadores son "funcionarios" y, como tal, están sujetos a la normativa que les rige. "Y recuerde que el presidente que les bajó el sueldo es de su partido", le ha espetado.

Dicho esto, ha aseverado que "en el futuro, se irá mejorando la situación", pero siempre desde el prisma de que la administración debe "ser eficiente y eficaz en el gasto". Por el momento, entre las medidas tomadas por la Xunta, ha destacado que se mantiene estable el número de profesores para este curso y que las ratios de alumnos por aula en Galicia "siguen siendo de las más bajas" del Estado.

Mejoras en centros

A mayores, el socialista Francisco Caamaño se ha interesado por la situación "deficiente" del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Praia-Xardín de Boiro (A Coruña), a lo que el secretario xeral técnico de Educación, Jesús Oitavén, ha indicado que la Xunta ya ha puesto en marcha "obras de mejora".

Por su parte, la petición de Ramón Vázquez de que se reparen el "deteriorado" CEIP Fermín Bouza Brey de Ponteareas (Pontevedra), que obtuvo la adhesión de PSdeG y BNG, no logró el voto favorable de los populares, después de que Román Rodríguez asegurase que el centro cuenta con una planificación de "una inyección económica bastante potente".

Camino de invierno

Por último, la socialista Carmen Acuña tampoco ha logrado el apoyo de la mayoría parlamentaria —sólo de la oposición— para pedir a la Xunta que "antes de que finalice el año" complete la señalización oficial del Camino de Invierno a su paso por la comarca ourensana de Valdeorras.

Si bien el diputado popular Agustín Baamonde había ofrecido pedir a la Xunta "rapidez" en los trámites para llevar a cabo esta labor, Acuña se ha negado argumentando que únicamente se trataba de instalar "20 mojones de granito" e incluso, con tono jocoso, se ofreció a llevarlos personalmente.