El consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha anunciado este miércoles ante el Pleno del Parlamento, en relación con el proceso de análisis de 17 expedientes de ayudas concedidas a UGT-A (por importe de 7,5 millones de euros).

La Junta ha adoptado la decisión de iniciar "procedimiento de revisión de oficio" en relación con cuatro de dichos expedientes, mientras que otros cinco expedientes ya cuentan con conclusiones del funcionario instructor. El resto se encuentran en otras fases y hay uno en el que UGT-A ha renunciado a la subvención, correspondiente a 2012.

Durante su comparecencia, Sánchez Maldonado ha explicado que, en lo que respecta a la Dirección General de Relaciones Laborales, se abrieron seis procedimientos de información previa sobre sendos expedientes correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010, y en cuatro de ellos se ha iniciado el "procedimiento de revisión de oficio". Los seis procedimientos están vinculados al desarrollo de actividades divulgativas y sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales.

En el caso de los otros dos, el consejero ha recordado que el funcionario instructor ya ha emitido su propuesta de conclusiones, planteando la nulidad de las ayudas, lo que ha sido remitido al Gabinete Jurídico, mientras que el Consejo Consultivo será el que determine sobre la procedencia o no de declarar la nulidad de los expedientes.

El consejero no ha dado a conocer el importe de esos cuatro expedientes sobre ayudas que se van a someter al procedimiento de revisión de oficio ni a cuánto ascienden los tres nuevos expedientes de ayuda que ya tienen conclusión del funcionario instructor y que serán remitidos en los próximos días al gabinete jurídico.

Ha agregado, con respecto a esos seis procedimientos de información previa, que una vez termine el análisis de toda la documentación, se determinará la conveniencia o no de iniciar el procedimiento de revisión de oficio.

En cuanto al Servicio Andaluz de Empleo, se han iniciado cuatro expedientes de información previa, en concreto, dentro de las competencias que ahora recaen en la Dirección General de Políticas Activas de Empleo. Ha indicado que en relación con los mismos, el funcionario instructor está elaborando sus propuestas, hasta la fecha, de esos expedientes de información previa.

Sánchez Maldonado ha querido dejar claro que la Junta ha actuado siempre en la línea de "máxima transparencia y del cumplimiento estricto de la ley". Se ha actuado, según ha precisado, acorde con lo que establece la actual normativa que regula los procedimientos administrativos y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

Ha insistido en que, en todo este proceso, se está velando por el cumplimiento estricto de la ley y ha garantizado que la Junta llevará a cabo todas las actuaciones que sean precisas con el fin último de proceder al reintegro de aquellas ayudas concedidas que hayan tenido un uso "inadecuado, incorrecto o fuera de la ley". Para el consejero, es el momento de dejar trabajar a los respectivos equipos de funcionarios para que la instrucción sea llevada a cabo con las "máximas garantías".

El portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha acusado a PSOE-A e IULV-CA de "poner el ventilador" en este asunto y de impedir a su formación el acceso a los 17 expedientes de revisión de oficio que se han abierto por parte de la Junta, lo que va en contra de la "transparencia" que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, pregona en sus "grandilocuentes discursos".

Tras asegurar que la responsabilidad política en el caso de UGT tiene "nombres y apellidos y se llama Susana Díaz", Rojas ha manifestado que los andaluces están viviendo un 'deja vu' de lo que ocurrió en el caso de los ERE, "donde la Junta tampoco quería personarse y limitaba la revisión a los ERE vivos".

Por su parte, el diputado del PSOE-A José Juan Díaz Trillo ha indicado que las siglas de UGT no tienen la culpa de lo ocurrido, sino las personas, por lo que, en su opinión, los dirigentes de este sindicato tienen frente a si un reto "porque de la manera en la que lo afronten dependerá el mantenimiento del buen nombre de esta organización".

Finalmente, la diputada de IULV-CA Rosalía Martín ha puesto en valor que el Gobierno andaluz no solo haya ofrecido explicaciones sobre este asunto en la Cámara, sino que haya abierto una revisión de oficio de los expedientes de ayudas. Y es que, a su juicio, "ante apariencias tan demoledoras, se hacía necesario aclararlo todo", así como también una "regeneración" por parte del sindicato.