Mejorar servicios al mismo coste o mantenerlos a menor coste, criterios para aceptar medidas del plan CORA

La Junta de Castilla y León fijará un criterio para aceptar las medidas del Plan para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) del Estado para la eliminación de duplicidades en estas instituciones que pasará por que se aumente la calidad de los servicios sin incrementar los costes o por que se mantenga esa calidad a un menor coste. "Nadie nos va a imponer nada", ha garantizado el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha descartado imposiciones en el tema de las instituciones propias donde el Gobierno autonómico ha hecho "lo que tenía que hacer".

La Junta de Castilla y León fijará un criterio para aceptar las medidas del Plan para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) del Estado para la eliminación de duplicidades en estas instituciones que pasará por que se aumente la calidad de los servicios sin incrementar los costes o por que se mantenga esa calidad a un menor coste. "Nadie nos va a imponer nada", ha garantizado el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha descartado imposiciones en el tema de las instituciones propias donde el Gobierno autonómico ha hecho "lo que tenía que hacer".

Para ello, la Junta pedirá la convocatoria en el mes de enero de la Comisión de Cooperación Comunidad Autónoma-Estado para la reforma de las administraciones públicas para llevar a cabo un análisis de la viabilidad técnica y presupuestaria de las medidas incluidas del Informe CORA para eliminar duplicidades con ese criterio de aceptación en torno al mantenimiento o mejora de la calidad de los servicios y el coste de los mismos, desde el reconocimiento de que la Junta tiene "dudas" sobre algunas premisas del Gobierno para lo que todo dependerá "de qué y a qué precio".

En concreto, la Junta propondrá coordinar las líneas de acción del Estado y de la Comunidad en los proyectos de Cooperación al Desarrollo, establecer mecanismos de coordinación en las acciones de integración de inmigrantes, adherirse al órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades para una planificación conjunta en materia de asistencia a víctimas del terrorismo o coordinar el sistema de cita previa del servicio público de empleo regional con el estatal.

Clarificar las competencias y eliminar duplicidades en materia de seguridad de embalses y presas, favorecer el reconocimiento mutuo de licencias de caza y pesca, unificar los contratos de servicios en materia de meteorología y usar los servicios que presta la Agencia Estatal de Meteorología o firmar un convenio de colaboración con el Estado para la gestión de emergencias con una mayor coordinación en las actuaciones de conservación de la naturaleza son otras de las propuestas que llevará la Junta a esa comisión bilateral.

Así lo ha explicado el consejero de la Presidencia en su comparecencia este martes en el Pleno de las Cortes en el que ha defendido una Comunicación de la Junta relativa a las reformas llevadas a cabo hasta la fecha en la Administración de la Comunidad y a las propuestas de actuación futura, un total de 66 medidas de austeridad y eficiencia con un impacto económico "muy importante" aunque "de difícil cuantificación", ha reconocido.

Tras recordar que el ahorro del plan de reestructuración del sector público ha alcanzado los 18,14 millones de euros, De Santiago-Juárez ha anunciado la futura reducción en un 60 por ciento de la aportación de la Junta a la Fundación Santa Bárbara y de 1,5 millones a la Fundación Siglo con el estudio de la posible integración del Centro de Supercomputación de Castilla y León en otro ente dependiente de la Comunidad y de la Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos, a lo que se une la limitación de creación de entes del sector público y de las cantidades que destina el Gobierno autonómico a la actividad de entidades privadas.

Ley paraguas con urgencia

De Santiago-Juárez ha explicado que estas medidas, que exigirán la modificación de más de una docena de leyes y de diversos decretos y acuerdos de la Junta, estarán cobijadas en una "ley paraguas" que se tramitará con urgencia y para la que ha apelado a un "alto grado de consenso" con los grupos parlamentarios.

El consejero ha cifrado en concreto el impacto de las medidas institucionales y de reducción de duplicidades aplicadas desde 2011, con un ahorro anual de 3,8 millones de euros a los que ha sumado 13,5 millones de las diez nuevas medidas comprometidas este martes como la "profunda reordenación" antes de finalizar marzo de 2014 de los órganos sectoriales de participación, cerca de un centenar, hasta reducir en un 60 por ciento esta cantidad para mantener el impulso decidido de la participación ciudadana a través del modelo de Gobierno Abierto de Castilla y León.

La Junta prevé clarificar el concepto de observatorios (16 en la actualidad) para atribuir esa denominación sólo a los órganos colegiados de estudio, análisis y seguimiento de realidades de la sociedad que se integrarán en el primer trimestre de 2014 en un único todos los órganos de esta naturaleza se integrarán, en el primer trimestre de 2014, en un único Observatorio que trabajará en los aspectos relativos a la violencia de género, la convivencia escolar, las agresiones al personal sanitario, y cualquier otra materia que se le pueda encomendar.

También en el primer trimestre de 2014 se unificarán los órganos colegiados de coordinación interna de modo que dejará de haber 10 de estos órganos y pasará a haber sólo uno con estas funciones, que será la Comisión de Secretarios Generales mientras que en el primer semestre del año verá la luz una nueva regulación de la identidad institucional que unificará en todos los casos, excepto en uno, la imagen de la Junta "otorgando una coherencia mayor a las 162 marcas y logos de entidades, órganos, unidades y portales web actualmente existentes".

Por otro lado, el consejero de la Presidencia ha cuantificado en 25 millones de euros las nuevas medidas de simplificación que se sumarán a los 241 millones de euros de ahorro anual desde la implantación en 2006 de la Administración electrónica. Entre las nuevas actuaciones destaca la potenciación de la teletramitación en los procedimientos administrativos las 24 horas del día y los 7 días de la semana con la incorporación de 253 procedimientos al nivel 3 y de 23 al nivel 4 de modo que más del 56 por ciento de todos los procedimientos ante la Administración podrán tramitarse electrónicamente en estos niveles superiores.

En el primer trimestre de 2014 se establecerán las comunicaciones electrónicas como único medio de comunicación entre órganos y unidades de la Administración de la Comunidad y en el primer semestre del próximo año se establecerá un sistema de solicitud de publicación en el BOCYL a través de medios telemáticos.

El consejero ha anunciado también que a lo largo de 2014 se implantará la Oficina Virtual de la Caja General de Depósitos, "que permitirá constituir garantías sin necesidad de desplazamientos, agilizará los procedimientos y ahorrará costes para la Administración".

Hacia el concepto de plantilla

De Santiago-Juárez ha explicado también que las 66 medidas anunciadas este martes supondrán cambiar también la práctica administrativa de miles de empleados públicos con el impulso en el primer trimestre de 2014 de algunas medidas como la homogeneización de los puestos de trabajo con el establecimiento de puestos-tipo y el avance hace el concepto de plantilla que vincula al personal a estructuras más amplias.

Por su parte, entre las medidas de coordinación y de reducción de duplicidades en el ámbito interno de la Junta está prevista la racionalización en el primer trimestre de 2014 de la organización de la Gerencia Regional de Salud para reducir las estructuras administrativas sanitarias en torno a un 20 por ciento con nuevas formas de gestión clínica con un ahorro potencial de 12,6 millones, a los que se unirán otros 1,5 millones por la reordenación de las gerencias territoriales de servicios sociales y la integración de algunas funciones en la Gerencia de Servicios Sociales.

También está prevista la optimización de la eficiencia de los servicios jurídicos de modo que en el primer trimestre de 2014 la Dirección de los Servicios Jurídicos pasará a tener atribuida la función de asesoramiento, defensa y representación en juicio no sólo de la Administración General, sino también de todo el sector público autonómico.

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