El alcalde de Tolox (Málaga), Juan Vera (Convergencia Andaluza), ha asegurado este martes que no sabía de la ilegalidad de algunas licencias que se concedieron, al contar con informes técnicos y jurídicos favorables, y ha precisado que en varios casos el Ayuntamiento inició la revisión y anulación de estos permisos de oficio, tras reunirse con la Junta de Andalucía y advertirle de irregularidades.

Así lo ha declarado en el primero de los 14 juicios previstos para esta semana en el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga por delitos urbanísticos. Así, para este martes había fijadas tres vistas, en las que el fiscal pedía inicialmente para el alcalde dos años de prisión y 10 de inhabilitación en cada una. Además, para este próximo miércoles hay previsto cuatro juicios, otros tantos para el jueves y tres para el viernes.

El primero de los juicios se trata de una licencia para la construcción de 772 apartamentos "para turismo", según ha indicado el regidor, apuntando que el permiso concedido contaba con informes favorables del arquitecto técnico y de un asesor externo contratado para hacer los informes jurídicos. Ambos están acusados en esta y en otras causas similares y la acusación pública solicita 18 meses de prisión para cada uno.

Vera ha asegurado que no había problema de abastecimiento ni de prestación de servicios como para no poder asumir ese volumen de viviendas y ha indicado que la calle ubicada cerca de las parcelas donde se iba a construir tiene los servicios urbanísticos necesarios, de hecho, es la zona de crecimiento "natural" del pueblo, que tiene un 84 por ciento de su extensión catalogada como de especial protección.

Ha indicado, a preguntas de su defensa, que no revisaba los informes jurídicos ni técnicos, porque "no tenía capacidad" para ello y ha asegurado que no se ha beneficiado personalmente de la concesión de esta licencia ni de ninguna otra, "más bien me ha dado muchos problemas", ha apostillado el alcalde, quien ha apuntado que en esa misma zona se han concedido otras licencias que la Junta de Andalucía no ha impugnado.

Ha explicado que en este caso y en otros cuatro más él mismo promovió de oficio los expedientes de revisión y se acordó la anulación de la licencia, en esta ocasión, "inmediatamente" después de una reunión con responsables de Urbanismo del Gobierno andaluz, en la que desde dicha administración se le advirtió de que ese número de vivienda se tiene que reflejar y hacer a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Por su parte, el arquitecto técnico sólo ha contestado una única pregunta del fiscal, admitiendo que formuló el informe técnico relativo a esta licencia de obras, a pesar de saber de la ilegalidad de las mismas. El abogado que actuó como asesor externo ha declarado que se hizo un modelo de informe porque en el Ayuntamiento le pidieron agilidad en la tramitación de los expedientes urbanísticos, puesto que le contrataron por el excesivo volumen.

Así, ha asegurado que no era su competencia ni tenía capacidad para comprobar el informe técnico en el que se basaba su dictamen jurídico ni para determinar si la calificación del suelo era correcta o no, preguntándose "cómo voy a pensar que me van a engañar". "Jamás se me pasó por la cabeza cuestionar la información que me daban", ha insistido, negando que se pusiera de acuerdo con el alcalde para conceder licencias falsas.