El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una enmienda al articulado de la Ley de Presupuestos de Cantabria para 2014, con el fin de introducir las normas para garantizar el pago "en tiempo y forma" a los subcontratistas que participan en obras públicas financiadas por la Administración Regional.

Aunque el Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad en noviembre de 2012 una proposición no de ley suscrita por los tres grupos parlamentarios para agilizar esos pagos, el PRC es el único que ha trasladado ese compromiso al presupuesto, como paso necesario para acabar con los "retrasos" que sufre este colectivo a la hora de cobrar por sus trabajos.

Según ha explicado el portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, la enmienda establece que la Administración debe "velar" por que las condiciones de pago establecidas para los contratistas en la Ley de Contratos del Sector Público sean extensivas también a los subcontratistas.

Para ello, incluye la obligación de que quienes contraten obras públicas informen a la Administración de la relación de subcontratistas o suministradores que participen en el proyecto y las condiciones en que lo hacen.

Una vez culminada la obra, también deberán justificar el cumplimiento de los pagos por esos servicios subcontratados conforme a la legislación vigente.

De esta forma, el PRC quiere garantizar el cumplimiento del acuerdo aprobado por el Parlamento el año pasado y hacer efectivos los derechos de los subcontratistas que trabajan en proyectos financiados con fondos públicos.

Dar respuesta a un problema

"Queremos dar respuesta a un problema real y grave de un sector duramente castigado por la crisis económica y con una gran relevancia en la economía de Cantabria y, especialmente, en el empleo", ha justificado De la Sierra.

A su juicio, el Gobierno "está obligado a dar soluciones" a las empresas subcontratistas, cuya situación considera "muy preocupante", porque además de la paralización de la obra pública sufren "una demora excesiva y en muchos casos injustificada" a la hora de cobrar por trabajos que ya han realizados, en la que se suman los retrasos en que incurre la Administración Pública, que rondan los 140 días, con los que después practican las empresas adjudicatarias.

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