Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga trasladará este jueves a la Comisión de Pleno de Seguridad y de Relaciones Internacionales e Institucionales las muestras de preocupación del Consejo de Europa por el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que impulsa el Gobierno central. Así, a través de una moción, pedirá que el Consistorio se sume a esas críticas y reclame su retirada.

Y es que, según la concejala de IU Ana García Sempere, esta normativa no solo repercutiría de manera directa en la ciudadanía y en los colectivos sociales de Málaga, que "verían mermados sus derechos", sino también en la propia Policía Local, ya que "modifica algunos elementos y afecta, incluso, a sus competencias".

Así lo expresará García Sempere después de que el Consejo de Europa, encargado de promover y defender los derechos humanos y civiles dentro de la UE, dudara de que las "restricciones" recogidas en la propuesta de ley presentada por el Gobierno español "sean necesarias en una sociedad democrática" para mantener el orden público y abogara por velar por la seguridad "sin interferir demasiado en la libertad de reunión y de manifestación".

Ante esto, IU insistirá en su moción en que la Corporación malagueña inste al Gobierno central a la retirada de este anteproyecto de ley por ser una cuestión "innecesaria", recordando "las numerosas críticas que ha recibido, no solo desde el Consejo de Europa, sino también desde la judicatura y otros sectores profesionales y académicos".

"Estas críticas son un toque de atención que debe hacer reflexionar al Gobierno", ha declarado a Europa Press García Sempere, considerando de "extrema gravedad" que "la UE haya tenido que intervenir, recordando que las leyes de represión ciudadana no son propias de un país democrático".

"esconde elementos autoritarios"

A su juicio, el anteproyecto "esconde elementos autoritarios, restrictivos y de control social y vulnera la libertad de expresión para la difusión de ideas y para la normal expresión social, cultural, política y sindical de los ciudadanos y colectivos sociales".

"Es un intento del Ejecutivo de evitar la movilización ciudadana contra los recortes de derechos, de criminalizar y castigar diversas formas de protesta social y de amenazar derechos como la libertad de expresión, de manifestación o de asociación", ha criticado García Sempere.

Además, la edil de la coalición de izquierdas ha hecho hincapié en que "la mayoría de las conductas que regula el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana están recogidas en otras normativas vigentes", por lo que resulta "innecesaria".