El Gobierno gallego ha dado este jueves luz verde a la futura Ley gallega de accesibilidad, que "reforzará" el apoyo a las personas discapacitadas con "un enfoque más global" y endurecerá las sanciones a quienes cometan infracciones, que irán desde los 300 euros, en el caso de incumplimientos leves, al millón de euros, en aquellos casos en los que las irregularidades sean consideradas como "muy graves".

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado tras el Consello de la Xunta de la aprobación de un texto que, según han ratificado a Europa Press fuentes de la Consellería de Traballo, contempla imponer sanciones accesorias, en los casos más graves, que podrían suponer la supresión, cancelación o suspensión de las ayudas oficiales, e incluso la suspensión de la actividad de la que se trate.

En cuanto a la tipificación, los supuestos son múltiples y van, por ejemplo, desde la ausencia de medios de señalización necesarios para identificar los itinerarios accesibles —lo que supondría una infracción leve— al incumplimiento en la proporción mínima establecida de reserva de viviendas para personas con discapacidad —grave— o el incumplimiento "reiterado" de requirimientos administrativos, que sería muy grave.

Por su parte, Rueda ha enfatizado que esta norma contribuye a "actualizar y unificar la norma", dando "sentido global" a las diversas reglas en vigor para "facilitar su cumplimiento", además de "proteger los derechos" de las personas discapacitadas.

"Tiene un enfoque más global, va más allá de superar las barreras físicas", ha resumido el vicepresidente, que presidió la reunión semanal del Ejecutivo autonómico con motivo de la visita institucional a Cuba que realiza el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Trámite parlamentario

La futura ley de accesibilidad, que hace especial hincapié en ámbitos como las TIC o las telecomunicaciones, iniciará ahora su trámite parlamentario.

Entre los aspectos novedosos de la norma, figura el establecimiento de que el número de plazas de estacionamiento reservado para vehículos que transporten personas con movilidad reducida no se vea afectado por las políticas restrictivas del aparcamiento que se puedan llevar a cabo para fomentar la movilidad sostenible.

También se incrementa el porcentaje de reserva de viviendas adaptadas, en el caso de la promoción pública, del 3 al 4 por ciento. Del mismo modo, las administraciones públicas deberán promover la supresión de barreras mediante el establecimiento de mecanismos y alternativas técnicas y humanas, como los intérpretes de lengua de signos para personas sordas, con discapacidad auditiva o ciegas.

Para alcanzar este objetivo, se fomentará la formación de profesionales intérpretes de la lengua de signos y guías-intérpretes y la existencia en las administraciones públicas de personal especializado.

La norma también regulará que a la Comisión Técnica de Accesibilidad se incorpore personal de los departamentos autonómicos competentes en materia de urbanismo, vivienda y movilidad. En este único órgano se depositarán también funciones como la incoación, tramitación y propuesta de resolución de expedientes sancionadores.