La adquisición resultaría «muy buena para revitalizar la zona», según Revenga, responsable de las arcas locales y partidaria de concentrar junto al Ayuntamiento el máximo número de concejalías, sobre todo «las que aún permanecen en régimen de alquiler» o alejadas del núcleo administrativo.

José Antonio Saura, presidente del Colegio de Procuradores, declaró que el Ayuntamiento ya les solicitó «una valoración conjunta del precio de ambas sedes», pero que «aún no existe ningún estudio económico».

También hay negociación con la Diputación y el PP, que mantiene su sede provincial en la planta superior del Colegio de Procuradores. La oferta en este caso sería para dependencias del Mubag (Museo de Bellas Artes Gravina, propiedad de la Diputación), que está justo enfrente, o «para ampliar los despachos del PP».

Mientras las oficinas de los procuradores rondan los 300 m2 de superficie útil, los juristas disponen de un par de plantas de mayor extensión. Saura afirmó que a su asociación «le da lo mismo que se la quede quien sea», a la espera de entrevistarse esta semana con el conseller de Justicia, Miguel Peralta, para agilizar el traslado a la Ciudad de la Justicia.