IULV-CA ha hecho este miércoles un llamamiento a sindicatos y organizaciones sociales para que el próximo 4 de diciembre, aniversario de las manifestaciones por la autonomía, impulsen una gran movilización en contra de las nuevas "exigencias y chantaje" del Gobierno central a Andalucía en materia de ajustes.

El portavoz de IULV-CA en el Parlamento, José Antonio Castro, ha manifestado en rueda de prensa que es necesaria una nueva movilización y la "rebelión" del pueblo andaluz en contra de un Gobierno que exige nuevos recortes a esta comunidad, mientras está dispuesto a "regalar" otros 30.000 millones de euros a la banca.

A su juicio, hay que decir claro que Andalucía ya no está dispuesta a "aplicar más recortes" más allá de los que se recogen ya en el presupuesto de la comunidad para 2014. Se ha mostrado convencido de que las nuevas exigencias del Ejecutivo de la nación ya no tienen que ver con la austeridad ni con el ajuste de los presupuestos, sino con que se privaticen servicios públicos fundamentales como la educación o la sanidad.

Para Castro, el Partido Popular, sin duda, está que trina por el hecho de que en Andalucía no se han "vendido" ni hospitales ni colegios.

En su opinión, hay que decirle bien claro al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y a su secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que Andalucía "ve va a mantener pública".

"Podremos todo nuestro empeño y saber para que se encuentren los resquicios presupuestarios, políticos y normativos que permitan mantener los servicios públicos y defenderlos a ultranza", ha sentenciado José Antonio Castro, para quien Beteta "no merece más que el cese", por el "desprecio y la inquina" permanente que está demostrando hacia Andalucía.

Por todo ello, el portavoz de IULV-CA ha estimado que el 4 de diciembre debe haber una importante movilización en esta comunidad y combatir la "política suicida" del Gobierno central y la 'troika'.

Castro ha estimado que los problemas que hayan podido surgir en los sindicatos en relación con los fondos públicos que han gestionado no debe anular "su capacidad reinvindicadora y movilizadora".