El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado este miércoles pedir a la Junta que establezca una línea de ayudas autonómicas que compensen las ayudas suprimidas por el Gobierno de España a la subsidiación de préstamos a compradores de viviendas de protección pública, como ha pedido el Grupo Socialista, por considerar que se trata de una competencia estatal donde el Ejecutivo autonómico actúa como "mero gestor y tramitador".

Así lo ha asegurado el procurador 'popular' Jesús Ángel Peregrina Molina, quien ha cargado contra el "absurdo" de una proposición no de ley (PNL) "populista y oportunista" para la que, además, "no hay capacidad presupuestaria" en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2014 y para la que los socialistas no han registrado una enmienda , afirmación que ha sido rechazada por la procuradora Ana Muñoz de la Peña quien, tras advertir de que el PP "no es de fiar", ha exigido a la Junta que no de la espalda a los más de 17.000 afectados por esta situación en Castilla y León.

"Pongan remedio porque al final van a pagar con intereses de demora", ha advertido De la Peña, que ha lamentado que el Gobierno de la nación haya quitado a estos afectados los derechos relativos a esas ayudas a la subsidiación de préstamos pero no sus obligaciones ligadas a unas viviendas adquiridas, además, con hipotecas "a precio de burbuja, caras y con todas las cláusulas del mundo mundial".

"Las familias están atadas a su vivienda que no pueden vender ni alquilar, condenadas al desahucio y al embargo", ha advertido la procuradora socialista, que se ha preguntado cómo van a salir los afectados de una situación "absolutamente insolidaria" en la que se han vulnerado derechos individuales ya adquiridos.

Desde el Grupo Mixto, el viceportavoz, Alejandro Valderas, de UPL, ha dado el visto bueno a la petición socialista, a pesar de ser "voluntarista" y "poco clara o concreta", convencido de que la Junta puede empezar a enmendar el error de un "nuevo regalo envenenado de Rajoy y Montoro".

Valderas ha considerado necesario evaluar primero cuánto se va a dejar de pagar y cuántas ayudas se han solicitado para un nuevo quinquenio y que ha calculado en unos 6 millones/año.

"Hay que reparar el daño causado a estas familias, es una cuestión de principios", ha sentenciado Valderas, que ha cargado contra la conculcación de derechos "tan básicos" como la legalidad, la retroactividad o la confianza legítima "y, sobre todo, el de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna".