Blindan el Rico Pérez contra los pelotazos urbanísticos

Sólo lo podrán usar para jugar al fútbol. El Ayuntamiento de Alicante dice que no tiene dinero para arreglarlo y lo va a subastar por  7,8 millones de euros.
El Ayuntamiento de Alicante va a subastar el estadio de fútbol Rico Pérez por un precio de salida de 7,8 millones  de euros «porque no tiene fondos para arreglarlo».Así lo anunció ayer la delegada de Hacienda, María Teresa Revenga, quien ha decidido blindar el campo contra pelotazos urbanísticos y ha puesto como cláusula sine qua non que sólo se use para «la práctica del fútbol de competición».

Otro de los requisitos que tendrá que cumplir el futuro comprador será permitir al Hércules, como propietario original, utilizar el estadio gratis durante 25 años. Y al resto de clubes de fútbol alicantinos que compitan en Primera División, Segunda y Segunda B, cinco años.

Por su parte, el Consistorio se compromete a usar parte del dinero de la venta del recinto en aparcamientos e instalaciones deportivas y, sobre todo, en arreglar el otro estadio municipal, que está en Villafranqueza y utiliza el Alicante CF (costará unos tres millones).

Quien compre el Rico Pérez deberá también arreglarlo y tendrá la obligación de acabar las obras, una inversión prevista de seis millones de euros, en un plazo máximo de cuatro años.

Según fuentes municipales, el Hércules ya ha mostrado al Consistorio su interés por recuperar el estadio, cuya propiedad perdió hace 12 años cuando el Ayuntamiento lo compró por 5,41 millones de euros «para salvar al Hércules de una más que probable desaparición abrumado por las deudas».

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No lo venderán más barato

El Ayuntamiento de Alicante ha fijado como precio de salida de la subasta el «mínimo de licitación» del campo, es decir, 7.805.344,20 euros, ya que en 1994 le costó 900 millones de las antiguas pesetas. El Gobierno local aceptará el ofrecimiento más elevado que le presenten y en caso de no producirse ofertas no se harán rebajas y continuará en manos municipales, según se comprometió ayer la delegada de Hacienda, María Teresa Revenga. Prevén que el plazo termine en abril.

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