Los abogados que han ejercido la defensa de los condenados por la ocupación en el verano de 2012 de la finca 'Las Turquillas' en Osuna (Sevilla), donde se ubica la Yeguada Militar del ejército, entre los que se encuentra el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, han lamentado este lunes que la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "no es justa".

Hay que recordar que tanto Sánchez Gordillo como el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, fueron condenados a siete meses de cárcel y al pago de una multa de 1.200 euros por sendos delitos de desobediencia grave y usurpación, mientras que otros 49 militantes y simpatizantes del SAT fueron absueltos al no haber sido debidamente identificados como participantes en la protesta, según consta en el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press.

En un comunicado, los letrados defensores de los acusados, como son Irene Lara Cañamero, del SAT, y David Rodríguez Suárez, Iván Díaz Perales y Óscar Martínez Cordero, del bufete Legalcores Abogados, han señalado que la sentencia "probablemente se ciña a la ley, pero no es justa".

"El Tribunal tuvo en su mano la oportunidad de hacer una sentencia absolutoria, ceñida a la ley, y justa", ya que "le proporcionamos argumentos estrictamente jurídicos más que suficientes para ello", aseguran, no obstante lo cual muestran su respeto hacia el fallo.

Así, subrayan que el TSJA "ha perdido una oportunidad única de recordar a los otros dos poderes del estado que no pueden pretender usar al poder judicial a modo de escoba que constantemente vaya barriendo la suciedad que van dejando sus políticas ineficaces, su torpe gestión de los problemas sociales, y su indolencia ante situaciones ya enquistadas de precariedad económica, como la que es obvio que se vive en amplios sectores del medio rural andaluz desde hace décadas".

Los letrados insisten en que, durante el juicio, "dimos al tribunal suficientes argumentos estrictamente jurídicos en los que poder basar una sentencia absolutoria, salvando un escollo, el del delito de usurpación de inmueble, que fue introducido en el Código Penal de 1995 y que por tanto no existía en la época en la que vieron la luz las sentencias antes parcialmente transcritas".

A su juicio, el Ministerio de Defensa "pudo haber desalojado a los ocupantes en cualquier momento acudiendo al auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, usando la potestad de autotutela de sus bienes que le otorga la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, sin recurrir para nada a la jurisdicción penal", pues "tal y como la propia sentencia reconoce, desde el primer momento se hizo visible y reconocible que se trataba de una ocupación simbólica".

En definitiva, los acusados "pedían un comienzo de solución a sus problemas, que tampoco es mucho pedir tras tantos años de espera cuando además la petición va dirigida a quienes se presentan como servidores públicos, al servicio de los ciudadanos, y para ello reclaman nuestro voto cada cuatro años: los políticos". "Estaban cargados de legitimidad en su protesta, pues lo que pedían al Gobierno es lo mismo que se le ha reclamado que haga desde todas las instancias parlamentarias", añaden.

No obstante, "por toda respuesta lo que recibieron fue una denuncia ante el Juzgado de Instrucción, tratándolos como vulgares delincuentes, pues como afirmó en el juicio uno de los testigos de la acusación aquello era para el Ministerio de Defensa simplemente un problema de "orden público" (como los que protagonizan a menudo los hinchas radicales de los equipos de fútbol)".

Han criticado que la Abogacía del Estado solicitara para los 54 acusados un total de 83 años de prisión, punto en el que han cifrado en 1.328.000 el gasto para el Estado si los acusados hubieran entrado en la cárcel. "¿Cómo es posible que el Gobierno prefiera gastarse el dinero público en meter a sus ciudadanos en la cárcel antes que en tratar de resolver su situación de penuria económica, su falta endémica de trabajo?", se preguntan.

"Ninguna de las conquistas y derechos sociales de los que hoy día disfrutamos se han conseguido sin sacrificios, sacrificios personales de quienes lucharon por ello, cometieron ilegalidades y sufrieron duras condenas", no obstante lo cual "hoy en día muy pocos se atreverían a decir que aquéllas condenas fueron justas".

Y es que "los dirigentes nazis condenados en Nuremberg no cometieron ni una sóla ilegalidad, se ciñeron en sus acciones a la ley de su país, pero ¿quién afirmaría hoy que sus condenas fueron injustas?". "Legalidad y justicia no siempre van de la mano", concluyen en el comunicado de prensa.