La dirección de la Agencia Tributaria (AEAT) destituyó y trasladó la semana pasada a una inspectora de la oficina técnica de grandes contribuyentes, provocando el malestar de los trabajadores.

La única explicación que se ha dado a 20minutos desde la agencia es que el traslado se "enmarca en una restructuración de equipos" que se está llevando a cabo desde que cambió su dirección el pasado julio. En cambio, fuentes de Hacienda consultadas por este diario aseguran el motivo del traslado de la inspectora sería un recurso de reposición presentado por la cementera Cemex contra una sanción millonaria que se le había impuesto.

En línea con esa información, estaría la dimisión presentada por el jefe de Dependencia de Control Tibutario y aduanero, Ignacio Ucelay, que ha sido aceptada. Según informaba en su edición impresa de este miércoles el diario Expansión, Ucelay había avalado expresamente los criterios seguidos por la inspectora sancionada y al presentar su dimisión descargó de culpa a la destituida. Parte del equipo afectado -una media docena de personas- habría presentado la dimisión, si bien la AEAT aún no les ha encontrado un sustituto, según fuentes internas conocedoras de la situación.

Este 'terremoto' interno provocó que la Junta de Gobierno de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) que remitió este martes un comunicado interno a sus 1.400 afiliados al respecto. Aunque la IHE no ha querido facilitar este comunicado a 20minutos al considerarlo un documento interno, este diario ha podido acceder al contenido del mismo.

En ese texto, el IHE mostraba su "gran malestar" por el cese de de la inspectora, cuyo comportamiento ha sido "en todo momento técnico y profesional".  Los inspectores explican que esa reacción fulminante lleva a "pensar en la existencia de razones adicionales, con un sesgo ajeno a criterios técnicos", aunque prefiere mostrarse "cauto" ante "la falta de pruebas".  Eso sí, asegura que de ser cierta esa existencia de razones ajenas a lo técnico sería "traspasar una línea roja, que en caso de trascender públicamente, ensuciaría la imagen de nuestro colectivo".

Por ootra parte, desde el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se asegura a 20minutos que este asunto tiene dos problemas: el de las competencias de los inspectores y el de las posibles injerencias políticas.

La reacción de la AEAT ha sorprendido a Gestha. "Cuando se suscita un error de interpretación no se salda con un cese y traslado", explica José María Mollinedo, su secretario general. "En este caso, la inspectora cesada resolvió conforme a los criterios de Dependecia y sorprende que ella, que no firmaba la resolución, sea cesada y  el superior que sí firmaba no le haya pasado nada", explica.

Sobre la posible injerencia política Mollinedo asegura que la AEAT debería "despejar cualquier tipo de duda, porque si no las sospechas sobre la injerencia política podrían tomar cuerpo".

Más que una orden directa del Ejecutivo, desde estos colectivos se conjetura con la gestión directa de algún despacho del tipo de Equipo Económico (antiguo Montoro y Asociados), Landwell, KPMG o Cuatrecasas, que tienen en nómina a antiguos altos cargos de la AEAT con acceso directo a la agencia y que representan a grandes multinacionales en asuntos de este tipo.

Fuentes cercanas a la inspección de la Agencia Tributaria apuntan a la excesiva abundancia de cargos de libre designación como uno de los motivos detrás de este "caos", ya que "la libertad de designación también implica libertad de cese", explican, si bien dejan claro que se ha producido "un abuso en la destitución de esta inspectora".

"Que los puestos sean de libre designación no quiere decir que los nombramientos y ceses puedan ser arbitrarios", señalan. Tanto es así que en estas condiciones de incertidumbre los responsables de la AEAT no han logrado todavía encontrar un sustituto para los puestos vacantes.

"No sabemos si ha habido una injerencia o no, pero sí que sabemos que se ha destituido a una inspectora por motivos extraños y sin una explicación alternativa", insisten estas mismas fuentes, que reiteran el "malestar terrible que actualmente se siente en la delegación central de grandes patrimonios". Esta delegación era la encargada de tramitar las actas de la multinacional cementera, que implicaban "sanciones altas".