El nuevo Código Penal probablemente tipificará como delito los robos en explotaciones agrarias ahora considerados faltas, ha explicado a Europa Press la vicepresidenta tercera del Congreso, Dolors Montserrat (PP), tras reunirse en la cámara con el diputado popular por Lleida José Ignacio Llorens; el presidente del Consell Comarcal del Segrià, Pau Cabré (CiU), y una representación de los alcaldes leridanos que llevan meses planteando el cambio.

Con el nuevo Código Penal, los robos, considerados faltas, tendrán un agravante de delito de hurto que se sancionará con una pena de prisión de uno a tres años y la pena se incrementará hasta cuatro años cuando el delito se cometa con un arma o un instrumento peligroso o quien lo cometa sea un miembro de una organización o grupo criminal, ha precisado el PP en un comunicado.

Montserrat y Llorens se han comprometido a pedir la comparecencia de los alcaldes en la ponencia del Código Penal y han explicado que en la anterior legislatura el PP presentó una Proposicíón no de ley para adecuar la legislación a la situación real de los robos y perjuicios que se comenten en el medio rural con la intención de que estos robos se consideraran delitos y no faltas.

Dolors Montserrat no descarta plantear también el decomiso de los vehículos con los que se robe en las explotaciones agrarias, como plantean los alcaldes, y confía en que el nuevo Código pueda estar aprobado en unos seis meses.

El portavoz de los alcaldes, el republicano y alcalde de Alcarràs, Miquel Serra, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que los ediles están "muy satisfechos" con el recibimiento que han tenido en el Congreso.

Según Serra, el resto de grupos se han comprometido a defender el mismo planteamiento en el articulado pese a no estar de acuerdo con la totalidad de la reforma que plantean los populares en el código penal.

Los ediles leridanos se han reunido primero con Llorens y Montserrat, y luego con el diputado de ERC, Joan Tardà; el de ICV, Joan Coscubiela; la socialista Teresa Cunillera, y la de CiU Conxita Tarruella, y les han presentado un informe de la Universitat de Lleida a favor de la modificación.

En Alcarràs, el municipio que lidera al grupo de alcaldes que defienden el cambio del Código Penal, un grupo de agricultores comenzó en enero de 2012 a organizar patrullas para vigilar sus explotaciones agrarias a principios de 2012, una iniciativa que han secundado agricultores de otros pueblos.