El PP de Córdoba ha reclamado este miércoles a la Junta de Andalucía "que resuelva el conflicto generado en colegios de Infantil y Primaria de Córdoba", después de que la Administración autonómica "haya despedido a 98 administrativos en la provincia, por culpa de un cambio en el sistema de contratación que ha aplicado el Gobierno bipartito".

En un comunicado, la parlamentaria del PP por Córdoba Rafaela Obrero ha expresado su rechazo a una decisión que "deja en la calle a unos trabajadores que prestaban sus servicios desde hace siete y ocho años y cuya misión de apoyo era absolutamente imprescindible para el funcionamiento de los colegios".

A juicio de la dirigente del PP, "PSOE e IU han mostrado una vez más su nula sensibilidad con los propios trabajadores de la Administración, ejecutando lo que no puede sino definirse como un despido masivo, puesto que afecta a 900 personas en toda Andalucía".

Además, Obrero ha afirmado que los afectados "han denunciado también la situación de incertidumbre que están atravesando durante los últimos días, puesto que nadie les aclara si este cambio de criterio de la Administración autonómica les va a dejar sin la posibilidad de poder acceder a la convocatoria pública que se ha anunciado al efecto".

Por otro lado, la dirigente del PP ha señalado que "los centros educativos no pueden verse afectados por esta decisión, consecuencia de la nefasta gestión del Gobierno andaluz". Por eso, "los responsables de la Junta tienen que garantizar el desarrollo de las gestiones, las tareas de atención al público y de inscripción de actividades, entre otras, desempeñadas hasta ahora por estos trabajadores".

Además, Obrero ha subrayado que "el Ejecutivo autonómico tiene la obligación de evitar una situación que dificulte el normal desarrollo de los centros educativos, reduciendo recursos humanos que perjudican a los docentes y a las familias".

Por último, Rafaela Obrero ha afirmado que "la Junta de Andalucía es quien ha ocasionado el problema, la que despide a los trabajadores y, por lo tanto, la responsable directa y la que tiene que solventar esta situación". Por ello, va a solicitar al Gobierno andaluz, a través de una iniciativa parlamentaria, "que resuelva el conflicto de manera urgente, escuchando al colectivo, tomando nota de las posibles soluciones que les están planteando para no seguir perjudicando y afectando negativamente, tanto a los trabajadores, como al funcionamiento de los centros educativos públicos".