La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la decisión del juez instructor del 'caso Emarsa' de enviar a Madrid la pieza relativa al jubilado de Aldaia, Vicente Gil, y sus dos hijos, Vicente José y María Yolanda Gil Blay, en la que se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales.

Así consta en una providencia —facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)— dictada por el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero económico de más de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia).

En la resolución, el juez acuerda unir a la causa el auto de la Audiencia, por el que se desestiman los recursos del jubilado de Aldaia y de sus hijos —imputados— contra el auto en el que se acordó remitir su investigación —pieza 7— a la Audiencia Nacional al considerar que el lugar de la comisión de los hechos era el Principado de Andorra.

Con esta decisión, el magistrado acuerda, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, remitir "a la mayor brevedad" las actuaciones seguidas en la pieza 7 al Juzgado Decano de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional para su reparto.

Por otro lado, en una providencia distinta, el magistrado acuerda unir a la causa principal un escrito de una entidad bancaria en el que se informa que las cuentas de imposición a plazo fijo de las que ha sido titular el expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo estaban canceladas; y se señala que tiene un saldo "0,00" en sus planes de pensiones y en la cuenta de valores.