Más de medio centenar de abogados protesta contra la ley de tasas en Zamora

Más de medio centenar de abogados se ha concentrado a mediodía de este miércoles frente a la Audiencia Provincial de Zamora para mostrar su rechazo a la Ley de Tasas puesta en marcha por el Gobierno Central hace un año.

El acto, que ha contado con la presencia del presidente de la Audiencia Provincial, Luis Brualla, se ha celebrado bajo el lema 'Un año contra las tasas', para exigir la retirada de la Ley, tal y como ha hecho recientemente el Gobierno francés.

Los abogados zamoranos han leído un manifiesto en el que han explicado que, transcurrido un año desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, "se han confirmado los peores augurios sobre su aplicación", puesto que la Ley no sólo ha privado a miles de ciudadanos de su fundamental derecho a la tutela judicial efectiva, sino que además, los jueces "han sido privados del conocimiento de cientos de miles de injusticias y quejas".

Por otro lado, han asegurado que no se ha penalizado el mal uso y abuso de la Justicia, puesto que las empresas y los ciudadanos "de holgada situación económica" han seguido pleiteando, de forma que "no han experimentado ninguna privación de ejecución del derecho".

Del mismo modo, han reiterado que no se ha dado solución a los problemas en la concesión a la justicia gratuita, "se ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del pago de las tasas, al mismo tiempo que la reducción del número de asuntos es evidente -en el caso de algunas provincias de Castilla y León, el porcentaje ha alcanzado el 50 por ciento—".

Escasa recaudación

En el manifiesto también han puesto en duda el destino que se ha dado al dinero recaudado con las tasas, 103 millones de euros, muy lejos de los 306 previstos este año, que "ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia", y que, en cualquier caso, no ha servido para mejorar la asistencia jurídica gratuita.

Junto a ello, se ha denunciado la pésima gestión material de las tasas judiciales caracterizada por la descoordinación entre el Ministerio de Justicia y el de Hacienda, un objetivo "puramente recaudatorio y disuasorio", y se ha recordado la "unánime contestación social", que ha llevado a la presentación de 5 recursos de inconstitucionalidad.

La agilización de la administración de Justicia, en su opinión, no puede fundamentarse en el establecimiento de barreras económicas sino en transformación de la actual estructura "obsoleta e ineficaz".