La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a tres secciones de la Sala de lo Penal que acuerden la excarcelación de otros nueve presos etarras y cuatro miembros de los Grapo a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuestionada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), para alargar su estancia en prisión, informaron fuentes del Ministerio Público. Entre ellos, hay dos etarras y una grapo que cumplen condena en cárceles andaluzas.

Entre los presos que previsiblemente serán excarcelados se encuentran Jesús María Zabarte, conocido como el 'carnicero de Mondragón', al que se atribuyen un total de 17 asesinatos, que se encuentra ingresado en la cárcel de Jaén.

El Ministerio Público, que dirige sus peticiones a las Secciones Primera, Segunda y Tercera de la Sala de lo Penal, también reclama la salida de prisión de Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias 'Paterra', miembro del 'comando Araba' de ETA condenado por 14 asesinatos. Actualmente cumple condena en la prisión de Córdoba.

La Sala de lo Penal también tendrá que decidir sobre los miembros de los GRAPO María Jesús Romero, Guillermo Vázquez Bautista, Jaime Simón Quintela y Encarnación León Lara. La primera de ellas está ingresada en el centro penitenciario de Huelva.

Un preso de la '

Vía nanclares'

El resto de etarras para los que se solicita la salida de la cárcel son Ignacio Recarte Ibarra (perteneciente a la denominada 'vía Nanclares'), Javier María Goldaraz Aldaya, Miren Maitane Sagastume Arrieta, Joaquín Urain Larrañaga, José Ignacio Etxeberria Pascual y Luis María Lizarralde Aguirre.

En sus peticiones, el teniente fiscal, Jesús Alonso, solicita la "puesta en libertad" de estos reclusos y que se declaren "extinguidas" sus responsabilidades penales, en vista del acuerdo adoptado el pasado día 12 por el Tribunal Supremo en el que ordenaba que los tribunales sentenciadores en cada caso ejecutaran la resolución del Tribunal de Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot'.

SERÍAN 39 EXCARCELADOS

De esta forma, se elevaría a 39 el número de asesinos excarcelados por la Audiencia Nacional desde que el pasado 21 de octubre el Tribunal de Estrasburgo condenara a España a indemnizar a la etarra Inés del Río por aplicarle de forma retroactiva la 'doctrina Parot'.

De ellos, 33 son miembros de la organización terrorista ETA y cinco de los GRAPO, a los que hay que sumar el almeriense Pompeyo Miranda, que fue condenado en Bolivia por varios asesinatos.

Tras la sentencia que el 21 de octubre dictó el Tribunal de Estrasburgo, que obligó a la excarcelación de Del Río al día siguiente, la Audiencia Nacional acordó el día 25 de ese mes la salida de prisión de Juan Manuel Piriz López.

El 8 de noviembre el tribunal excarceló a otros nueve etarras, entre los cuales se encontraba Domingo Troitiño, autor del atentado que costó la vida en 1987 a 21 personas en el centro comercial Hipercor de Barcelona. El resto fueron Jon Koldo Aguinagalde Urrestarazu, Luis María Azkargorta Belategi, Isidro María Garalde Bedialauneta, Jokin Mirena Sancho, José Ignacio Urdiain Ciriza, Joseba Koldobika Artola, Elías Fernández Castañares y Juan Francisco Gómez López.

El 14 de noviembre pasado el Pleno de la Sala de lo Penal ordenó la salida de otros 13 etarras, la miembro del GRAPO Olga Oliveira y el almeriense Pompeyo Miranda. Entre los etarras se encontraban José Antonio López Ruiz, 'Kubati', que fue condenado entre otros asesinatos por el de la disidente etarra María Dolores González, 'Yoyes'; Gonzalo Rodríguez Cordero, autor de 19 asesinatos; y la miembro del 'comando Madrid' Inmaculada Noble, que participó en 1986 en el asesinato del comandante Ricardo Saénz de Ynestrillas.

El resto de excarcelados fueron Francisco Javier Lujambio Galdeano, Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, Pedro Juan Odraizola Aguirre, Juan María Gabirondo Agote, Pedro María Rezabal Zurutuza, Miguel Turrientes Ramírez, José Félix Zabarte Jainaga, María Josefa Urkudun Etxenagustia, Antonio Alza Hernández (preso de la denominada 'vía Nanclares') y Raúl Ibáñez Díez.

La mayoría del Pleno, formada por nueve magistrados, argumenta que no se podía "demorar una privación de libertad irregular" con el pretexto de esperar la decisión que debía adoptar el Tribunal Supremo cuatro días después. Los ocho jueces de la minoría creen que la sentencia de Estrasburgo es de obligado cumplimiento aunque su ejecución no debería corresponder a la Audiencia Nacional

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió el pasado 12 de noviembre, por doce votos frente a cuatro, que debe ser cada tribunal sentenciador el que dirima el alcance de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo respecto de los presos a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuya aplicación da por anulada para todas las sentencias condenatorias en ejecución dictadas antes del 28 de febrero de 2006.