El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha advertido este martes de que no habrá "barra libre" en relación a la posibilidad que está estudiando la Consejería de Fomento y Vivienda de que aquellas personas que no pueden pagar el alquiler social de viviendas de la Junta realicen trabajos de autoreparación en zonas comunes.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo del Gobierno, Vázquez ha querido dejar claro que, en el caso de que finalmente se lleve a cabo esta iniciativa, se tendrá que comprobar "fehacientemente" que se trata de personas que no pueden hacer pago al frente de estas cuotas.

Tras insistir en que la Junta hace un "gran esfuerzo" para que las personas que ocupan estas viviendas cumplan con sus obligaciones de pago "al cien por cien", Vázquez ha explicado que existe un grupo de inquilinos que no tienen posibilidad de abonarlas, que se sitúa en torno al diez por ciento del total.

En este contexto, ha asegurado que el Gobierno andaluz no quiere "agravar" la situación de exclusión en la que se encuentran estas personas y que, por ello, se ha iniciado un programa piloto en relación a la realización de trabajos comunitarios. "En función del resultado se aplicará o no a la totalidad del parque público de la Junta", ha añadido.

De otro lado, el portavoz del Gobierno andaluz ha informado, a preguntas de los periodistas, de que el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha presentado un informe al Consejo de Gobierno sobre un estudio avalado por profesores de distintas universidades en relación a garantizar por ley agua y luz a los perceptores del Salario Social.

Vázquez ha indicado que el Gobierno andaluz ha tomado conocimiento del citado informe y que, a partir de este momento, se inicia un trabajo "conjunto" por parte del Ejecutivo en relación a esta materia. "Se trata de un asunto que está en fase de estudio, que es transversal y que supondría una medida importante contra la exclusión social", ha señalado.

En esta línea, el portavoz del Gobierno andaluz ha indicado que no "hay fechas" para la futura puesta en marcha de esta iniciativa y ha insistido en que lo importante es "hacer un buen trabajo para llegar a una buena conclusión".

En relación a la financiación de esta medida, que ha sido cifrada en unos 20 millones por el vicepresidente de la Junta, la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, ha afirmado que los mecanismos de financiación se estudiarán una vez que esté cerrado el citado estudio.