El BNG ha registrado en el Congreso, a través de sus diputadas Olaia Fernández Davila y Rosana Pérez, una proposición no de ley y una pregunta para su respuesta por escrito para pedir el "endurecimiento" de la legislación para "evitar" que se repita otra catástrofe como la del 'Prestige', al tiempo que se interesa por las actuaciones realizadas por el Gobierno para proteger la costa gallega.

En la proposición no de ley, las parlamentarias nacionalistas también solicitan al Gobierno que transfiera las competencias en materia de seguridad marítima, tanto las normativas como de ejecución que incluyan el control y la inspección de barcos, con el fin de aplicar una política preventiva propia en relación al transporte marítimo de mercancías peligrosas.

Además, reclaman para Galicia las competencias en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina, endurecer la legislación existente en materia de comisión de delito ecológico con el fin que una catástrofe como la del 'Prestige' "no pueda saldarse sin indemnización económica".

Por otro lado, pregunta al Gobierno si no cree que después de la experiencia del 'Prestige', Galicia debería ostentar estas competencias y si considera que la costa está "suficientemente protegida" en el caso de que sucediese un siniestro similar.

Además, pide al Ministerio de Fomento que detalle el número de buques que han transitado por el corredor de Fisterra durante el año 2012, cuántos pasaron por el dispositivo de separación en 2013, las mercancías que transportan y si se ha registrado algún incidente.

"FLAQUEZAS"

Para el BNG, la catástrofe del 'Prestige', que "tiñó de chapapote negro las costas de Galicia el 13 de noviembre de 2002", demostró las "flaquezas en materia de seguridad de tráfico marítimo y precariedad de medios para la lucha contra la contaminación marina en el corredor de Fisterra", uno de los que mayor tráfico registra.

"A pesar de que han transcurrido once años, y a pesar de la gravedad de los hechos, podríamos afirmar que nada se ha avanzado", añaden las parlamentarias, quienes recuerdan que "no hay castigo para los autores de una de las mayores mareas negras" y quienes advierten de que "tampoco existen responsabilidades políticas por la errática e ineficaz gestión de un accidente marítimo que se agravó por las decisiones adoptadas desde el Gobierno central y desde la Xunta".