El colectivo de 840 trabajadores de apoyo administrativo de colegios públicos andaluces afectados en el conflicto establecido tras anunciar la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que pasará a prestar directamente este servicio ha empezado a gestionar sus reclamaciones por vía judicial.

Así lo ha indicado a Europa Press el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, que ha confirmado la puesta a disposición de los encartados los servicios jurídicos del sindicato de cara a unas acciones que deberán hacerse de manera individual y por la vía laboral.

Con independencia de este paso, Blanco ha señalado que, después de las concentraciones convocadas la pasada semana ante las delegaciones territoriales de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, en las que habría participado la totalidad de los afectados, los sindicatos convocarán de manera "inminente" nuevas movilizaciones si no se produce una respuesta positiva por parte de la administración.

A este respecto, el Grupo de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía ha elevado una pregunta al Consejo de Gobierno andaluz con ruego de respuesta oral, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que pregunta a la Junta por el cambio de criterio producido en la selección del personal monitor de administración y qué medidas prevé adoptar la Consejería para poner solución a este conflicto.

Para CCOO, estas personas están legitimadas para seguir ocupando esos puestos por cuanto les asiste el derecho a continuar con un trabajo que han venido desempeñando de manera eficiente, "aunque sus condiciones fuesen extremadamente precarias", habiendo sido la administración la que ha cometido "un fraude de ley, dado que nadie duda ya que ha habido una cesión ilegal desde las empresas a la propia Consejería de Educación".

"Y aunque no fuera así —continúa el líder sindical—, si mañana va a haber una sucesión de empresas, al cesar las anteriores y tomar la actividad una nueva, aunque ésta de ahora se llame Junta de Andalucía, estos trabajadores tendrán que ser subrogados, como es su derecho".

Asimismo, según CCOO, la administración no debe poner el origen del problema en la parte social, pues es ésta la que "no acepta propuesta alguna de las planteadas desde esta fuerza sindical". Por ello, "CCOO pide una llamada a la reflexión por parte del Gobierno andaluz, pues en este punto se debiese defender y pensar en no conculcar los derechos de este colectivo porque, además de legítimos, son también justos", ha enfatizado Blanco.

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