El Colegio de Abogados de Cantabria, que aglutina a unos 2.100 profesionales, ha convocado para este miércoles, 20 de noviembre, a las 12.00 horas, en el complejo judicial de Las Salesas en Santander, una concentración para reclamar al Gobierno del Estado la derogación de la Ley de Tasas Judiciales o, en su defecto, una modificación "importante" de la misma.

El decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Jesús Pellón, ha anunciado esta movilización en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado de miembros de la Junta Directiva de este órgano colegial y en la que ha desglosado los "efectos demoledores" de esta Ley tanto en los derechos fundamentales de los ciudadanos como en la actividad judicial.

Pellón ha indicado que la abogacía "no puede consentir" esta Ley porque "viola" derechos de los ciudadanos que los profesionales de la justicia se han comprometido a "defender". "Un criterio" que, ha dicho, también comparten con los abogados "muchas personas" que han recurrido esta Ley ante el Tribunal Constitucional (TC) como sindicatos o comunidades autónomas.

Y es que esta Ley, ha criticado, está teniendo unos efectos "demoledores" en el acceso de los ciudadanos a la justicia, porque quienes hay personas con "falta de medios" que, a pesar de encontrarse ante circunstancias por las que deberían acudir a los tribunales, "no pueden" o "deciden" no adentrase en un proceso debido al pago de las tasas.

En este sentido, Pellón ha aseverado que sólo plantear un proceso judicial puede suponer "hasta 1.000 euros en tasas", cantidad que "muchas familias no pueden costear". "Esto desgraciadamente establece una justicia en la que los ricos pueden hacer valer sus derechos" y quienes no pueden pagar las tasas tienen "que resignarse", ha considerado el decano que ha calificado esta situación de "injusta".

Asimismo, ha denunciado que esta Ley tiene también un "efecto perverso" y es que "va a generar cierta impunidad de las administraciones públicas", porque las personas a quienes se le abra un expediente o imponga una multa no van a recurrir para evitar abonar las tasas que "en algunos casos serán más" de lo que reclaman.

Efecto sobre la litigiosidad

Además, la Ley de Tasas Judiciales también tiene un "efecto demoledor" sobre la litigiosidad ya que se registra una reducción en el número de procedimientos. Así, el Colegio de Abogados ha estimado que a nivel nacional, en el ámbito Contencioso-Administrativo, los casos se han reducido en más de un 30%; y que las causas civiles han caído más de un 40%.

"Y no se puede pensar que ese 40% haya acudido a la justicia por capricho sino que un número importante no puede defender sus derechos", ha sentenciado Pellón, que ha achacado esto a que las tasas impuestas son "excesivas".

Y es que ha afirmado que los abogados están de acuerdo en que es "razonable" un copago en estos momentos y al igual que en otros servicios, si bien, creen debería de ser "en otra medida". A este respecto, el decano ha recordado que nuestra Ley tuvo a Francia como "paradigma", pero en el país galo la tasa por procedimiento es de 38 euros y, además, ésta desaparece a partir de enero.

Destino de las tasas

Por otro lado, Pellón ha criticado que el Gobierno, que estimó la recaudación por tasas entre 150 y 200 millones de euros, destinaría el dinero a mejorar la prestación del servicio de justicia gratuita pero "se da la circunstancia" de que el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 "no ha presupuestado ni un euro" para ello.

Ahora, ha indicado Pelón, las tasas se van a dedicar a la mejorar la administración de justicia. "No nos oponemos", ha apostillado el decano que, si bien, ha ensalzado que para ello se requieren nuevas inversiones y más personal, algo que "tampoco" se ha llevado a cabo. "En 2013 no se han convocado nuevas plazas judiciales ni se ha invertido en tecnología", ha dicho.

En el caso de Cantabria, ha recordado que las competencias residen en la comunidad autónoma y ha asegurado que el servicio de justicia gratuita, en estos momentos y a pesar de los "desacuerdos" pasados con la Consejería, está pagado hasta 30 de septiembre.

Además, ha señalado que en 2014, si el Parlamento aprueba el borrador de los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC), estarían cubiertos los servicios de justicia gratuita prestados por los profesionales durante todo el año.

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