Mari Carmen M., de 55 años, y Enrique C., de 65, empleaban como mano de obra a inmigrantes en una carpintería en el barrio de Arangoiti, incumpliendo, además, las medidas de seguridad e higiene en el trabajo establecidas por la ley.

La operación policial se llevó a cabo después de una investigación que el propio cuerpo inició el pasado 24 de enero y que culminó ayer con la detención de los sospechosos.

Junto a los dos empresarios, fueron arrestados cinco ciudadanos latinoamericanos que se encontraban trabajando en el establecimiento en el momento de la incursión policial. Estos inmigrantes se encuentran en situación irregular y ya han comenzado los trámites para su expulsión del país.

La notificación de repatriación ha encendido los ánimos de algunos colectivos, como es el caso de SOS Racismo, que ayer denunció la actuación de la Delegación del Gobierno y de la Policía Nacional. «Dicen que intervienen porque se están violando los derechos de los trabajadores, pero en lugar de defenderles, los castigan», afirma Diego Jauregui, portavoz de esta asociación, que critica que «frente a una empresa que los explota, les dejan sin trabajo, les detienen y encima les echan; valiente ayuda que les dan».

Desde SOS Racismo «exigimos que les quiten la orden de expulsión porque existen instrumentos para regularizarles».

«Podrían salir muchos más casos»

El sindicato CC OO también mostró ayer su disconformidad con la orden de expulsión de los inmigrantes. Para la central, «este tipo de casos se dan de forma más habitual de lo que parece, especialmente en sectores precarizados, como la construcción». El sindicato considera que si se ofreciese la regularización a estos inmigrantes «podrían salir muchos casos más».