El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno central que establezca los procedimientos oportunos para que los bienes incautados y la totalidad de las multas de las sentencias de los casos 'Malaya' y 'Saqueo I y II', que tuvieron como protagonistas a la localidad malagueña de Marbella, reviertan al municipio, restituyendo así el "daño patrimonial ocasionado".

Ese dinero, según la moción aprobada por PP, PSOE e IU, debe destinarse a restituir el daño realizado a la ciudad, "creando un plan de empleo y de inversiones en infraestructura y obra pública con el montante de dichas sentencias".

La moción, a instancias del PSOE y que se hecho institucional, ha incorporado otro punto, que es solicitar a la Junta de Andalucía que firme un nuevo convenio de colaboración financiera con el Ayuntamiento de Marbella para la devolución del anticipo reintegrable suscrito en 2006, que suponga la revisión de los plazos de amortización fijados en la Ley 5/2006, de 17 de octubre.

El Gobierno andaluz concedió un crédito al Consistorio de 100 millones de euros, al 6,5 por ciento de interés, el cual debía amortizarse en menos de 10 años; lo cual significa que en el año 2014 tendría que pagar 18 millones de euros, llegando a 30 millones en el año 2017. Pagos que, dada la situación económica actual y la caída de ingresos de las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Marbella tiene dificultades para cumplir.

Violencia de género

La Diputación Provincial también ha aprobado una moción institucional por la que se compromete e insta a todas las instituciones a aplicar íntegramente la Ley 01/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como pedir a las administraciones la ampliación de medidas de prevención y protección de menores víctimas de este tipo de violencia.

También se ha comprometido la Diputación a "no llevar a cabo recortes e implementar las partidas económicas destinadas en los Presupuestos a Políticas de Igualdad y Erradicación de la Violencia de Género, además de aumentar los recursos de protección de todas las víctimas".

Igualmente, se ha instado a la Junta de Andalucía a que ponga a disposición de las víctimas de violencia de genero el parque público de viviendas que posee en la provincia de Málaga y a que el Instituto Andaluz de la Mujer, conjuntamente con la Diputación, continúe trabajando en los 101 municipios "de forma coordinada en materia de prevención y protección de las víctimas de violencia de genero".

Las tres formaciones políticas han rechazado y condenado "todas las formas de violencia contra las mujeres". Así, han recordado que este año han muerto a manos de sus parejas o exparejas 44 mujeres y 10 menores en España. En este sentido, han recordado a Eva, Rosario, Estefanía y Aaron, vecinos de Málaga y víctimas de violencia de género, asesinados este año.