Las organizaciones de consumidores Facua Andalucía y UCE-A han valorado la medida anunciada por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, por la que se garantiza el suministro de agua y electricidad gratis a los perceptores del ingreso mínimo de solidaridad, el salario social, ante lo que Facua pide "cambios estructurales para que ésta no sea una medida parche", mientras que UCE-A espera que dicha decisión "no sea un coladero de actuaciones fraudulentas".

El portavoz de Facua Andalucía, Rubén Sánchez, ha valorado la "buena voluntad" del Gobierno andaluz con esta medida y su disposición a "buscar soluciones", pero considera que "hay que hacerlo con mayores garantías", de forma que plantea la necesidad de "cambios estructurales para que no sea una medida parche" y considera que los ayuntamientos y el Gobierno central "deben regular las tarifas para dar garantías reales a las familias más desfavorecidas".

"Son necesarios cambios regulatorios, lo cual implica al conjunto de administraciones con competencias para que no sea un simple parche a un problema al que hay que dar una solución a largo plazo", asevera Sánchez, quien anuncia que Facua ha pedido una reunión a Diego Valderas para trasladarle sus observaciones, peticiones y aportaciones sobre lo que quiere emprender.

En concreto, Rubén Sánchez ha explicado a Europa Press que en materia de aguas "hay que implicar a los ayuntamientos, que son los responsables de aplicar esta medida", toda vez que "este dinero no tiene que venir necesariamente de las arcas de la Comunidad sino de las arcas municipales o de las empresas de suministro en el caso de que el servicio esté privatizado", de forma que se trata de "una responsabilidad municipal el hecho de impedir que los vecinos que están atravesando penurias económicas se queden sin agua".

En ese sentido, Sánchez ha explicado que hay ayuntamientos "que sí exigen ese tipo de protocolos, que pueden existir por dos vías, o bien vía ordenanza tarifaria o bien medidas políticas que se aprueben para que los servicios sociales de los ayuntamientos se hagan cargo de esta cuestión". "Algunos ayuntamientos lo hacen y otros no, y los que no lo hacen lo deberían hacer", asevera.

Por ello, Facua pide a la Junta que "se reúna con los ayuntamientos para que se coordine con todos los municipios, mediante un plan, y éstos incorporen a sus regulaciones tarifarias en materia de aguas una medida social o bono social que garantice que determinados perfiles de familias que no tengan ingresos y que atraviesen problemas coyunturales si tengan garantizado el acceso al agua".

"Queremos que el ayuntamiento facilite el acceso sin costes a un determinado número de metros cúbicos al mes", asevera Sánchez, quien recuerda que, si hubiera ayuntamientos que se negaran a estas medidas sociales, hay un instrumento con el que la Junta "tiene el poder de forzar esa medida, pues es la Junta la que aprueba las tarifas de agua de cada ayuntamiento".

Facua considera que la Junta "debe asumir y ejercer su competencia tarifaria en materia de aguas para que, cuando los ayuntamientos aprueben sus tarifas, la Junta pueda decidir devolverlas si no incorporan esas medidas sociales, que podrían ser las mismas para todos los ayuntamientos". Agrega que la Junta "podría incluso rechazar tarifas que sean muy elevadas, pues en Andalucía hay variaciones tarifarias enormes".

Por otro lado, en materia de suministro eléctrico, Facua ha recordado que es competencia del Gobierno central, de forma que la Junta de Andalucia "tiene capacidad de presión pero no puede llegar a forzar", por lo que pide a la Junta que "inste al Gobierno central a cambiar los criterios del bono social para resolver el problema de las familias a las que se les corte la luz".

"El Gobierno central debe mostrar sensibilidad, aunque las palabras del ministro José Manuel Soria destilaban prepotencia y son lamentables, pero el Ejecutivo debe ponerse al frente de esta iniciativa para garantizar poder acceder a un número de kilowatios hora mensuales", ha agregado Sánchez, que considera que "se trata de que las compañías eléctricas asuman el coste en esos casos y lo sufraguen".

Facua considera que el bono social "está mal definido, algo que hizo el Gobierno de Zapatero, por lo que hay que cambiarlo y se debe apostar por otros criterios para acceder al bono social, que no sean ni la potencia ni el número de miembros de la familia, sino que sean los ingresos y la situación económica".

"No es justo que un Gobierno autonómico costee el pago de la luz, algo que debería costear las compañías, por lo que el Gobierno central lo debe regular mediante el mecanismo del bono social", ha aseverado Sánchez, que insta a los grupos de PSOE e IU en el Congreso de los Diputados que reivindiquen esa medida al Gobierno central.

UCE-A

Pide incluir el gas

Por su parte, el presidente de la Unión de Consumidores en Andalucía (UCE-A), Juan Moreno, ha saludado esta medida que ha sido "un planteamiento que durante mucho tiempo se pedido", ya que igual que se ha actuado desde la Administración andaluza contra los efectos de la crisis de cara a los desahucios y la alimentación, también era necesario contar con unos suministros mínimos de luz, agua y gas para poder vivir.

En declaraciones a Europa Press, Moreno ha apuntado que era una medida que se "estaba echando en falta" y ha considerado que hasta ahora era "un elemento olvidado", pero tras el anuncio de la Junta da la "bienvenida" a esta actuación. No obstante, ha reclamado "transparencia" en la regulación de la misma para que no se convierta "en un coladero de acciones fraudulentas".

"Se debe atender a quien lo necesita y además desde los órganos creados de interlocución debe realizarse un seguimiento de esta medida y de sus resultados", ha subrayado el presidente de UCE-A, quien también ha indicado que el seguimiento debe servir para buscar soluciones y salidas a la situación de las familias que tengan que hacer uso de ella.

Por último, ha llamado la atención sobre la ausencia del gas en la medida anunciada, ya que, según ha explicado, las referencias han sido al agua y la luz. "Pero qué ocurre con las familias que usan las bombonas de gas para calentar el agua, por ejemplo", ha cuestionado el presidente de la UCE-A al tiempo que ha instado a "echarle imaginación" desde la Junta para solventar esta circunstancia.