El constructor José Antonio Romero ha destacado que mantenía "mala relación" con el PSOE durante las legislaturas investigadas en el juicio por el denominado 'caso Plasencia', e incluso ha señalado que por este motivo tuvo "un pequeño castigo".

Así lo ha dicho en respuesta al fiscal, durante su declaración como acusado en el señalado juicio por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude, y en el que también se encuentran acusados la exalcaldesa de la ciudad, Elia María Blanco, y otros cinco concejales de sus equipos de gobierno.

De la misma manera Romero ha asegurado que no realizó "favores" personales ni a la exalcaldesa ni a los concejales acusados, que incluso ha dejado de cobrar más de 80.000 euros del Ayuntamiento de Plasencia por obras realizadas desde 2009, y que ha ingresado "parte" de esta cantidad hace pocos días, y tras un proceso judicial.

Sobre la facturación reiterada en las siete obras investigadas, el constructor ha destacado que "facturaba así" en algunos casos. "En un mismo día se facturaban los trabajos realizados durante los días anteriores", ha explicado, motivo por el que aparecen con fecha distinta facturas con el mismo concepto, o facturas con la misma fecha y diferente concepto.

Asimismo el constructor ha declarado que en algunos casos el fraccionamiento de la facturación se debía "al endoso" de las facturas que se realizaban en una entidad financiera.

Sobre la obra de la pista de motocross, que se encuentran bajo investigación, el constructor ha declarado que no tiene costumbre "de realizar obras en 3 años", así como que en las obras de la piscina climatizada se realizó y encargó la obra según se iba descubriendo la estructura del techo de la misma y las necesidades para su realización.

Otra de las obras investigadas, la del campo de fútbol de la barriada de los Pitufos, con un importe superior a los 180.000 euros, ha dicho que el concejal Enrique Tornero le encargó que la obra "se realizara por capítulos" en vez del presupuesto general presentado por un importe "cercano a los 200.000 euros".

Romero también ha declarado que en ningún momento contrató ninguna de las obras investigadas con el concejal Blas Raimundo, siendo únicamente este concejal el que firma una de las propuestas de gasto de las obras del acerado del Polígono Industrial, pero que fue contratada por Mónica García, y fue firmada por Blas Raimundo debido al cambio de legislatura.

José Antonio Romero ha declarado además que "nadie puede decir que haya cobrado una obra que no haya realizado", así como que "jamás" se ha impedido la revisión de las obras realizadas por parte de los técnicos municipales.

Plataforma democrática

Sobre su relación con la Plataforma Democrática Socialista Independiente ha destacado que apoyaba a dicha plataforma en su inicio en 2003, de tal modo que su hijo, "obligado" por el propio Romero, formó parte de una lista electoral, pero que no tenía influencia como para poder decidir la disolución de la plataforma. Tampoco que la existencia de esa plataforma hubiera tenido incidencia en el resultado electoral de la ciudad, ya que obtuvo "poco más de 400 votos".

De esta manera, debido al mal resultado electoral obtenido en 2003, según Romero, la plataforma deja de tener actividad sin que él ni su hijo tuvieran potestad para el mantenimiento de la misma.

El primero de los testigos llamados en la sesión de este jueves ha sido el agente de la Policía Nacional autor de los informes de la investigación, quien ha declarado que "los técnicos municipales no estaban muy al tanto de las obras", y que en la investigación no se han "encontrado planos". "Escaseaba dicha documentación", ha señalado, pero que a través de las facturas se ha podido detectar el fraccionamiento de las obras, y que así se ha indicado en el informe.