El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps limita su respuesta al juez instructor del caso Nóos, José Castro, a aceptar el "ofrecimiento" de declarar por escrito con motivo de su citación este sábado en Valencia, en calidad de testigo, acogiéndose a su derecho por su condición de expresidente.

Así consta en el escrito —al que ha tenido acceso Europa Press— que ha remitido Camps, actual diputado en las Corts Valencianes, al juez Castro, tras recibir su citación como testigo para este sábado en relación con su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio y las dos addendas de los Valencia Summit por los que el Instituto Nóos percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos; así como en relación al convenio firmado por 382.203 euros para que la ciudad de Valencia fuera sede de unos Juegos Europeos que nunca llegarían a celebrarse.

En concreto, en su escrito, con fecha 13 de noviembre, Francisco Camps expone que ha recibido la citación —el día anterior— para que compareciese, en calidad de testigo, el 16 de noviembre, a las 11.30 horas, en la sede de los juzgados de Instrucción de Valencia.

Seguidamente, indica textualmente: "aceptando el ofrecimiento que se me hace en la indicada citación, y habida cuenta mi condición de expresidente de la Generalitat valenciana, hago uso de la prerrogativa de informar por escrito conforme previene el artículo 412.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Este artículo al que se refiere dispone que quienes hubiesen desempeñado cargos como el de presidente de una comunidad autónoma "estarán exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo".

Por ello, Camps, ante esta posibilidad legal, suplica al juez que admita el escrito que ha presentado —vía fax— y que "tenga por hechas las precedentes manifestaciones prosiguiendo el trámite que en derecho corresponda", agrega.

Tras recibir esta solicitud, el juez Castro acordó el mismo día —este miércoles— suspender su declaración y ha dado un plazo de cinco días, a contar desde el 18 de noviembre, tanto a Fiscalía como al Sindicato de Manos Limpias para que presenten su pliego de preguntas para valorar la pertinencia de las mismas y remitirlas al expresidente. Luego será el turno del resto de letrados.

10 CITACIONES,

Una como imputado

De esta forma, con la ausencia de Camps, serán 10 las personas que tendrán que acudir a declarar entre este viernes y sábado a los juzgados de Valencia. Todas ellas lo harán en calidad de testigos, excepto el excontable de Nóos, Luis Tejeiro, quien será interrogado como imputado.

En concreto, para este viernes por la tarde están citados el diputado y exconseller de Economía de la Generalitat y expresidente de Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Gerardo Camps (18.30 horas), y la exdirectora gerente de la Sociedad Promoción Estratégica de la Comunidad Valenciana Patricia Corrons (19.30). Gerardo Camps podrá acogerse a declarar por videoconferencia desde su despacho oficial o en la sede del Congreso de los Diputados.

El sábado abrirán las declaraciones la exsecretaria general administrativa de Presidencia de la Generalitat Ana Brusola (9.30 horas); el exjefe de la asesoría jurídica de Presidencia José Marí Olano (10.00); la exinterventora de la Generalitat Irene Chova (10.30 horas); la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (12 horas); el ex secretario autonómico de Eventos y Proyectos de la Generalitat Luis Lobón (16.30); el empresario que constituyó varias de las entidades investigadas en esta causa (17.00); el notario Carlos Masiá (18.00), y el excontable de Nóos, en su caso como imputado, Luis Tejeiro (19.00).

Manos Limpias pidió la declaración como testigos de Camps y Barberá después de que la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acordase el pasado 24 de septiembre no imputar ni a Camps ni a Barberá en el marco de esta causa, al considerar que en su actuación no hay indicios de delito. Así, rechazó asumir la competencia para instruir el caso, que finalmente quedó en manos del juez Castro.