El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha llevado a la Cámara autonómica una pregunta en la que cuestiona al Consejo de Gobierno andaluz por la situación creada tras los cambios producidos en el programa Séneca para el presente curso escolar 2013-2014 y notificados a los centros de enseñanza concertada el pasado día 12 de septiembre, que generaron más "burocracia" al inicio del curso y provocaron un retraso "importante" en el pago delegado de las nóminas a los docentes.

En la cuestión, consultada por Europa Press, el PP pregunta a qué obedece este cambio y a cuántos profesores les ha afectado el retraso en el cobro de sus nóminas en Andalucía, mientras que, asimismo, también interpela a la Junta, a la que insta a informar sobre "por qué es obligatorio introducir los datos de los alumnos y monitores para los servicios educativos complementarios para estos centros concertados".

La Junta de la patronal Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), organización mayoritaria en el sector de la enseñanza concertada en la comunidad autónoma andaluza, ya criticó recientemente, tras un encuentro para abordar el "problemático" inicio de curso, las "exigencias" de control de la administración educativa, que han derivado en retrasos e impagos de nóminas a trabajadores.

En esta misma problemática también ahondaba otra de las patronales de la concertada, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), cuyo secretario general en Andalucía, Rafael Caamaño, explicaba a Europa Press que las incidencias derivaban de una serie de instrucciones y "modificaciones" respecto a la grabación de datos para el pago de la organización pedagógica en el sistema informático de la Junta, que devinieron en "complicaciones" por lo que podría ser un acto de "precipitación" y de "intromisión" en la autonomía de los colegios y la competencia de las titularidades.

Para poner en práctica el abono delegado a los profesores, según Caamaño, los centros concertados graban una serie de datos de organización en un programa informático de la Consejería, algo que "se hace todos los años"; en este ejercicio, no obstante, han visto cómo se modificaba el sistema de grabación y se solicitaban más datos.

En su caso, ECA ha calificado dichas exigencias de "improvisadas, reiterativas e innecesarias", además de "atentar" contra la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, provocándose así que el inicio de curso "haya estado marcado por el control burocrático, en lugar de por la atención educativa".

Y es que el nuevo sistema, sobre el que pivota toda la organización del centro educativo, fue comunicado a los centros a primeros de septiembre "con la exigencia de que fuera cumplimentado en los primeros diez días de curso y bajo la amenaza de no abonar las nóminas de los trabajadores si los datos no estaban incluidos a esa fecha".

La "deficiente" información, los fallos técnicos, la "falta de adaptación a la realidad" de los centros concertados y lo perentorio de los plazos, "que han debido ampliarse por puro sentido común hasta cuatro veces", han dificultado el inicio de curso, según Escuelas Católicas de Andalucía, que lamenta que este sistema no haya sido consensuado con las organizaciones del sector en la Mesa de la Enseñanza Concertada, "tal y como se pidió", y que se requiera a las estructuras educativas "datos no necesarios para la administración".