El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza ha propuesto "vulnerar la ley de forma legal" para contratar a diez trabajadores en acción social para lo que defienden la dotación de 300.000 euros en el presupuesto de la ciudad para 2014 y que han comenzado a negociar con el equipo de gobierno.

Estas contrataciones se llevarían a cabo por medio de una sociedad municipal, como Zaragoza-Vivienda, para reforzar los centros municipales de servicios sociales.

"Si no se puede hacer la contratación de forma directa por el Ayuntamiento, se puede travestir alguna sociedad para llevar a cabo las contrataciones" ha señalado el concejal del grupo municipal de IU, Pablo Muñoz, para sintetizar que "donde no llegue la ley que llegue la política".

IU también presentará enmiendas para mantener 500.000 euros en ayudas de acción social y otros 200.000 para cooperación al desarrollo porque "son necesarias las dos".

En rueda de prensa, ha avanzado que otra de las enmiendas que negocia IU con el equipo de gobierno es la bonificación del 25 por ciento en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a las empresas de economía social.

En esta línea el concejal del grupo municipal de IU, Raúl Ariza, ha expuesto la dotación de una partida de 250.000 euros para el asesoramiento en el apoyo a la creación de cooperativas, autónomos y empresas de economía social, y ha citado el ejemplo de los trabajadores de Tata Hispano que intentan conformar una cooperativa ante el cierre de la factoría en Zaragoza.

A su parecer, sería una forma de recuperar los puestos de trabajo ante el cierre de fábricas de multinacional y así garantizar el empleo con los trabajadores.

Economía social

Esta fórmula también la ha extendido al servicio del transporte urbano de autobús al señalar que "si hay una rescisión de la contrata a Autobuses Urbanos de Zaragoza, que se extinga a coste cero y si no hay recolocación de los 153 trabajadores despedidos estudiar si hay elementos de legalidad para volver a sacarla a concurso y que se presente la cooperativa de trabajadores", que en su día intentó presentarse al concurso público.

En este contexto, Ariza ha apuntado otra enmienda, dotada con 20.000 euros, para el programa de seguimiento de las contratas para comprobar que las empresas cumplen porque "es un asunto de dignidad" y ha estimado que el 15 por ciento de beneficio industrial de algunas contratas "aunque estén en el pliego se puede revocar y hay que revisarlo".

Esta partida permitiría conocer que contratos se pueden rescindir para que el trabajo lo desarrollen cooperativas de trabajadores porque "el que mejor conoce la empresa es la plantilla", ha aseverado.

Otra partida de 200.000 euros se destinaría al estudio del bonobús social a los desempleados. Tras reconocer que las bonificaciones de anteriores presupuestos "no han tenido mucho éxito por los criterios exigidos", Ariza ha defendido replantear los requisitos y que se considere el número de miembros de la unidad familiar.

Todas estas dotaciones y de otras enmiendas que presentarán más adelante se podrían detraer de otras partidas como la destina al pago de 7 millones de deuda a los bancos que IU rechaza.