La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha advertido de que la Junta acudirá al Estado a pedir soluciones si el decreto ley que suprimió la extraordinaria de los empleados públicos implica responsabilidades económicas para la Comunidad, que según ha recordado carece de dotación presupuestaria para devolver esta paga a todos los afectados.

En caso de que se extendiera a todos los funcionarios el fallo del juzgado palentino que ha reconocido a tres empleados de Sacyl el derecho a que la Administración les reintegre la parte proporcional devengada de la extra de Navidad de 2012, la Junta deberá desembolsar una cuantía de 50 millones de euros, según ha estimado la consejera.

En total, el ahorro derivado de la eliminación de la extra supuso alrededor de 200 millones. De esta cantidad, la Junta debería devolver una cuarta parte. No obstante, la responsable autonómica ha manifestado que de momento sólo existen tres sentencias que obliguen al reintegro y que la cuantía que se ha de abonar es mínima, de unos 700 euros.

En declaraciones recogidas por Europa Press antes de la intervención de la consejera en el Foro de Economía y Política Regional que se ha celebrado en Segovia, Del Olmo ha señalado que la Junta intentará recurrir el fallo del Juzgado de Palencia y que estudia todas las posibilidades que existen para evitar la devolución de las pagas ante la falta de presupuesto para asumirla.

La titular de Hacienda ha incidido en que la eliminación de la extra deriva de una norma estatal de aplicación en todas las comunidades autónomas. Por ello, ha dicho, si de ese decreto ley se derivan responsabilidades económicas para Castilla y León, ésta acudirá al Estado para solventar la situación.