El parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, pedirán su absolución en el juicio que se celebrará la próxima semana en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la ocupación en el verano de 2012 de la finca 'Las Turquillas' en Osuna, donde se ubica la Yeguada Militar del ejército, vista oral en la que la Fiscalía pedirá para cada uno de ellos siete meses de cárcel.

La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz, con sede en Granada, enjuiciará durante la próxima semana tanto a Sánchez Gordillo y Cañamero como a otros 52 acusados, todos ellos militantes y simpatizantes del SAT. Cabe recordar que, en su escrito de acusación, la Fiscalía Superior de Andalucía solicitó para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave.

Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el conjunto de los acusados —un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT— el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños, así como que paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, "sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación", que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.

En un comunicado remitido a Europa Press, el despacho 'Legalcores Abogados' ha informado de que solicitará la libre absolución de los imputados al entender que "en ningún momento hubo tales delitos" y la ocupación "solamente se realizó con el fin de presionar a que los entes públicos-políticos dieran de una vez una solución al desempleo de los jornaleros de la comarca".

Así, relata que fue en julio de 2012 cuando se produjo por parte del SAT una manifestación frente a la finca "en aras de reclamar que las 1.200 hectáreas de la mencionada finca que se dedican a la cría caballar del Ministerio de Defensa de una forma residual fueran utilizadas por los desempleados de las localidades para poder cultivar la tierra y dar trabajo a los jornaleros mediante el sistema cooperativista".

Dicha manifestación "abocó en la permanencia de un grupo de sindicalistas en pleno mes de julio y agosto durmiendo en tiendas de campaña, solicitando el poder llegar a un acuerdo para trabajar la tierra, en una finca plenamente infrautilizada", precisa, señalando que estas afirmaciones "no sólo han sido mantenidas por el propio sindicato, sino también ha sido una reclamación de muchos entes públicos y partidos políticos de todo signo, por la enorme infrautilización de Las Turquillas".