Son varios los empresarios imputados, y muchos más los investigados. La clave puede estar en Joaquín Molpeceres Sánchez, 81 años, un importante directivo que siempre ha tenido una buena amistad con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Su nombre aparece en los papeles de Bárcenas y en la trama Gürtel. Puede ser el nexo de unión entre ambos casos. Solo este año, su principal empresa, Licuas, ha obtenido 7,7 millones en contratos públicos. Y este viernes, el juez Pablo Ruz ordenó a la Policía el registro de varias sucursales bancarias de Madrid para obtener información sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y cohecho. Entre ellas, el aval de 1,6 millones que Molpeceres concedió a uno de los imputados de la trama, el exconsejero Alberto López Viejo.

En los papeles de Bárcenas aparece un apunte del 11 de junio de 2004 en el que un empresario con apellido "Volpeceres" donó 60.000 euros al PP. El juez y los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) investigan si se trata de Joaquín Molpeceres. Una de las acusaciones del caso, el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) pidió el 21 de octubre al juez que volviese a tomar declaración a Bárcenas para que aclarase si "Volpeceres" es Molpeceres. Otra acusación, IU, ha pedido su imputación por nueve delitos, entre ellos los de cohecho, blanqueo, fraude y tráfico de influencias, aunque la Fiscalía no lo ve nada claro ya que cree que su donación en 2004 no constituye ningún delito, en todo caso una infracción administrativa.

El nombre de Molpeceres figuraba ya en varios informes de la UDEF porque dos de sus empresas, Coarsa y Licuas, habrían abonado entre 2002 y 2005 hasta 225.000 euros a dos empresas controladas por el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. Molpeceres también ganó el concurso para adjudicarse el complejo de ocio de El Encín, en Alcalá de Henares, que tiene un hotel de lujo y el campo de golf. El Encín pertenece a la Comunidad de Madrid (fue adjudicado por Esperanza Aguirre) y el Supremo acaba de declarlo ilegal, como adelantó 20minutos.

Molpeceres ya ha declarado como testigo para explicar cómo otra de sus empresas, Mercali, ayudó al exconsejero López Viejo en la compra de una vivienda. Molpeceres prestó el patrimonio de esta sociedad como garantía de un préstamo de 1,8 millones de euros, avalándolo con 1,6 millones. Por ese aval el juez Ruz ha pedido el registro este viernes 8 de noviembre de dos entidades bancarias de Madrid.

Según la información judicial a la que ha tenido acceso este diario, López Viejo recibió el 21 de febrero de 2008, meses después de la adjudicación de El Encín, una transferencia de 1,6 millones en una cuenta del banco Bankinter. El dinero procedía de otra cuenta que López Viejo tenía en el Banco Sabadell. Este banco le concedió el préstamo tras el aval de Molpeceres con los Bonos del Estado que este tenía ingresados en la oficina del Sabadell.

El juez ha puesto en el punto de mira a la principal empresa de Molpeceres, Licuas, una habitual de las adjudicaciones públicas. Sus líneas de negocio: mantenimiento de calles y jardines, fuentes y edificios, aparcamientos, campos de golf y puertos deportivos. Pablo Ruz está investigando los contratos públicos de esta empresa con la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, las locales y los organismos autónomos. También ha pedido al PP que entregue el registro de visitas para ver si aparece el nombre de Joaquín Molpeceres.

Solo este año 2013, Licuas ha sido adjudicataria de contratos públicos por valor de 7,7 millones, en la gran mayoría de los casos en Administraciones gobernadas por el PP. En septiembre, el Ayuntamiento de Madrid le adjudicó la explotación de doce puntos limpios fijos de la capital por 37.352 euros. La Generalitat valenciana le ha concedido el servicio de limpieza de los puertos de Vinaroz, Benicarló, Peñiscola y Burriana por 808.660,94 euros.

El Ayuntamiento de Móstoles le ha adjudicado la conservación y mantenimiento de las fuentes ornamentales del municipio por 370.108 euros. El Ayuntamiento de Cádiz le pagará 1,69 millones de euros por la conservación y mantenimiento de las zonas verdes. El ministerio de Sanidad le ha encargado el mantenimiento de las persianas, carpintería y cerrajería en cuatro de sus sedes por 166.783 euros. El Ayuntamiento de Alcorcón le ha renovado el contrato de arreglo de desperfectos de calzadas y aceras por 750.000 euros. Y el de Boadilla ha adjudicado a la UTE Licuas-Urbalux un amplio contrato de "gestión integral de mantenimiento" por valor de tres millones al año durante ocho años.

Por último, la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Fuenlabrada (gobernado por una coalición PSOE-IU) formalizó en junio el contrato de obras de conservación y reforma de las infraestructuras viarias por 700.000 euros.