La Consejería de Fomento y Vivienda lleva entregadas en cinco meses 484 viviendas protegidas de promoción pública que se encontraban desocupadas a demandantes de vivienda, lo que supone el 75 por ciento por ciento del total de viviendas vacías de la Junta. La asignación de estas viviendas se ha producido tras pasarlas al alquiler y bajar su renta.

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, anunció un plan de acción para agilizar el proceso de adjudicación de las viviendas protegidas disponibles en la comunidad autónoma el 16 de mayo en el Parlamento, para garantizar la función social de dichos inmuebles, en coherencia con el decreto de la función social de la vivienda, ya hoy con rango de ley.

Fuentes de la Consejería han indicado a Europa Press que había entonces 638 viviendas protegidas de promoción pública pendientes de adjudicación, un 0,1 por ciento del total de las viviendas vacías en Andalucía.

Según una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria formulada por el Grupo Popular, a fecha de la respuesta, 15 de octubre, la Consejería ha entregado 484, "lo cual supone que sólo quedan 154", de forma que "hemos entregado ya más del 75 por ciento".

Los elementos fundamentales del plan de acción han sido "pasar masivamente de venta a alquiler las viviendas pendientes de adjudicación y ajustar la renta de arrendamiento a los ingresos de los demandantes, trabajadores castigados por la crisis económica", de forma que desde la Junta destacan que "en cinco meses hemos entregado casi 500 viviendas, un media de casi 100 al mes".

Para la secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía, Amanda Meyer, "estos datos demuestran el éxito del plan de acción, que surgió para agilizar la adjudicación de las viviendas con problemas de asignación y que sirvieran para dar efectivo derecho a la vivienda. La política siempre funciona cuando se pone al servicio de las necesidades de las víctimas de la crisis, y esto ha sido una demostración, como también lo es el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que en un año ha logrado la paralización de más de 3.200 desahucios".

"Vamos a seguir adjudicando viviendas en alquiler asequible hasta dejar el contador a cero, porque para nosotros la vivienda es un derecho humano, no una mercancía. Nos guía el principio 'ni casas sin gente, ni gente sin casa', y lo estamos cumpliendo con las viviendas de promoción pública. El desafío que persiguen nuestras políticas es que ese principio se cumpla en todo el parque residencial andaluz", ha aseverado Meyer.

La secretaria general de Vivienda de la Junta asegura que en Andalucía "existen más de 700.000 viviendas vacías, y nuestras políticas se orientan a conseguir que salgan en alquiler, bien a través de sanciones a personas jurídicas que las mantengan desocupadas, como bancos e inmobiliarias, bien a través de incentivos a particulares".

"Somos coherentes con estas políticas en nuestra propia casa; y así, las viviendas de promoción pública pendientes de adjudicación que estaban en venta las pasamos a alquiler, y las conseguimos alquilar, dando respuesta a la fuerte demanda de vivienda en arrendamiento que existe en Andalucía", asevera.

De esta forma, de las 484 viviendas protegidas públicas entregadas a demandantes, 63 se ubican en la provincia de Almería, 69 en Cádiz, 28 en Córdoba, 68 en Granada, 35 en Huelva, 32 en Jaén, ocho en Málaga y 181 en Sevilla.

AVRA,

Primer agente mediador

Por otro lado, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, antigua EPSA) se convierte en el primer agente mediador que facilitará el arrendamiento de inmuebles vacíos a precios asequibles a través del Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler (PIMA), impulsado por la Consejería de Fomento y Vivienda para promover que los propietarios den salida a sus casas deshabitadas.

Según indica la Consejería en una nota, esta herramienta se enmarca en el conjunto de medidas contempladas en la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada el pasado 25 de septiembre, que persiguen incentivar el afloramiento en arrendamiento asequible del stock de inmuebles desocupados.

Respondiendo también a este objetivo de fomentar este mercado, la Consejería destinará, de acuerdo con lo estipulado por la nueva Ley de Presupuestos de la Comunidad para el ejercicio 2014, las fianzas de arrendamientos al desarrollo de las políticas sociales de vivienda.

Ha recordado que la Ley de 1997 establece la obligatoriedad de un depósito de renta de un mes de arrendamiento cuando se alquila un piso y también exige un depósito en los contratos de suministro de agua, gas y electricidad. El ingreso debe realizarse en la Consejería de Hacienda en el plazo de un mes desde la firma del contrato. Esta norma fija también que la Consejería de Hacienda puede delegar la gestión de las fianzas a otras consejerías. Y así lo establece precisamente la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada el pasado mes de septiembre.

Por tanto, en el ejercicio 2014 será la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía la que gestione estos depósitos con el fin de dar respuesta a las necesidades en materia de vivienda de la ciudadanía. Para ello, la Consejería de Hacienda habilitará cada trimestre créditos por importe del 70% de ese saldo en las cuentas de AVRA, reservando el 30% restante para contingencias tal y como exige la Ley.

El convenio de adhesión al PIMA firmado este viernes por el director general de Vivienda la Consejería de Fomento y Vivienda, Antonio Ibáñez, y por el director de AVRA, Fernando Herrera, capacita a la Agencia para, entre otras funciones, captar casas para alquilar, solicitar su inclusión en el programa, ofrecer y mostrar los inmuebles, proponer la asignación de demandantes o formalizar los contratos de arrendamiento.

El agente intermediador será también el encargado de gestionar las pólizas de seguro dirigidas a los arrendadores que contratará la Consejería de Fomento y Vivienda para garantizar el cobro ante un posible impago de la renta, ofrecer defensa jurídica y dar una cobertura multirriesgo del hogar.

Para operar como intermediadora, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación deberá dar de alta en el programa, previa autorización del propietario, las casas deshabitadas que capte. Previamente, deberá acreditar que estas viviendas llevan desocupadas un periodo mínimo de seis meses y cuentan con referencia catastral y con el certificado de eficiencia energética. En caso de que el inmueble no disponga de este último requisito, la Consejería asumiría la emisión de dicho certificado. Toda la oferta existente en régimen de alquiler estará aglutinada en un portal informático creado por la Junta de Andalucía.

La condición de agente colaborador permite a AVRA tener acceso al listado de demandantes de los registros municipales de demandantes de vivienda protegida que hayan expresado su interés por acogerse a este programa, teniendo en cuenta que los futuros inquilinos beneficiarios de este programa deberán estará previamente inscritos en esta base de datos. Para facilitar la consulta de los registros por parte de AVRA y del resto de futuros intermediadores, la Consejería de Fomento y Vivienda ha remitido una carta a los ayuntamientos de municipios mayores de 20.000 habitantes instándoles a que actualicen sus bases y hagan constar en ellas a las personas interesadas en participar en el PIMA.

De igual modo, en el desempeño de sus funciones, AVRA estará obligada a mostrar las viviendas y formalizar el contrato de arrendamiento entre arrendador e inquilino, tras el acuerdo alcanzado entre las partes. De acuerdo con el Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler, los propietarios podrán ofrecer sus inmuebles por una renta anual de alquiler no superior a 7.200 euros.