El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga ha sacado a licitación la redacción de un estudio que analizará el impacto del uso de la bicicleta pública en la aglomeración urbana. Dicha evaluación, que se enmarca en los trabajos previos que está llevando a cabo este órgano en colaboración con la Consejería de Fomento y Vivienda para elaborar el Plan de Movilidad, tomará en consideración los principios y propuestas de redes ciclistas recogidas para este ámbito en el Plan Andaluz de la Bicicleta, que se encuentra en fase de tramitación y estará aprobado a finales de año.

Este estudio tiene como objetivo evaluar los beneficios y costes sociales y económicos asociados a la futura implantación de la bicicleta pública en diferentes ubicaciones de la ciudad y su área metropolitana. Para ello, el Consorcio estudiará no sólo la rentabilidad económica, sino también otros aspectos como el alcance del ahorro energético y las mejoras medioambientales que se podrían derivar de su aplicación, así como la ocupación del espacio viario que llevaría asociada la medida.

En este análisis se establecerá, además, un horizonte mínimo para la optimización de la inversión, que en ningún caso será inferior a cuatro años. Con el fin de realizar una evaluación afinada, se tendrá en cuenta la demanda de usuarios y los modos de transportes de los que se capte. A partir de la recopilación de todas esas variables, se determinará qué sistema de gestión será el más apropiado para implantar el servicio de bicicleta pública.

Sistema de préstamo

El uso de la bicicleta pública se fundamenta en un sistema de préstamo accesible al viajero en diferentes ubicaciones de una ciudad y su área metropolitana. Mediante este método, los ciudadanos que posean una tarjeta inteligente compatible con él, pueden hacer uso de la bicicleta durante un periodo de tiempo determinado para realizar sus desplazamientos de forma cómoda y eficiente.

Las empresas interesadas en participar en la realización del estudio tendrán de plazo hasta el próximo 20 de noviembre para presentar sus ofertas y una vez seleccionado el adjudicatario, la firma elegida tendrá de plazo tres meses para desarrollar la evaluación final.