La portavoz del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) de las Cortes de Aragón, Nieves Ibeas, ha propuesto este lunes que la convocatoria de ayudas a personas discapacitadas, que realiza el Ejecutivo autonómico anualmente, y cuyo plazo de presentación de solicitudes dura 20 días, se extienda a lo largo de todo el año.

CHA defenderá una proposición no de ley en el Pleno de las Cortes en este sentido. En rueda de prensa, Nieves Ibeas ha señalado que las personas con discapacidad solicitan ayudas económicas para resolver problemas como la rotura de sillas de ruedas o la compra de gafas o audífonos, añadiendo que algunas de estas circunstancias "se pueden prever", pero otras no, y los afectados se pueden encontrar con la necesidad de afrontar un gasto extraordinario cuando ya ha pasado el plazo de solicitud.

Este año se ha publicado la convocatoria el 5 de abril, el plazo era de 20 días y la cuantía para todas las ayudas era de 250.000 euros. "Ya no hay más posibilidad de solicitar ayuda", ha lamentado la portavoz, quien ha exigido que se dote esta partida suficientemente.

"No podemos mantener una convocatoria que se cierre tan estrechamente en el tiempo, que marque un periodo tan limitado para que las personas afectadas puedan formular las solicitudes adecuadas", ha proseguido Nieves Ibeas, quien ha comentado que el plazo de resolución es de cuatro meses y en noviembre los beneficiarios pueden presentar sus facturas y percibir el dinero que se les ha dado.

Chunta ha pedido "que se adapte la convocatoria de ayudas a la realidad de las personas con discapacidad y que no sean las personas con discapacidad las que tengan que adaptar su realidad a la convocatoria que plantea el Gobierno", que cada vez que un ciudadano lo necesite pueda recurrir a este tipo de ayudas: "esto sería responder a la realidad", ha considerado.

La portavoz de este Grupo se ha preguntado cuántas personas se quedan sin tener una posibilidad de ayuda, respondiendo que "muchísimas".

Estado del bienestar

Nieves Ibeas ha recordado que España es un Estado social, ha defendido el Estado del Bienestar y ha expresado que estas personas "deberían tener cubierta una protección social". Los poderes públicos tienen que, "obligatoriamente", cubrir las carencias mencionadas, ha agregado.

"Los servicios sociales nos los tenemos que creer de verdad", ha proseguido la portavoz de Chunta, quien ha indicado que "cuando no tenemos un problema de movilidad muchas veces no pensamos que pasado mañana nos puede tocar".

Ibeas ha apelado al Estatuto de Autonomía, cuyo artículo 71 reconoce que la acción social es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma y que la Administración autonómica tiene la responsabilidad de ordenar, organizar y desarrollar "un servicio público que permita a las personas con discapacidad mantener el mayor grado de protección social posible". Ha mencionado la vigencia de la Ley de Servicios Sociales y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que canaliza las ayudas individuales.