La Comisión de Medio Ambiente del Congreso ha enviado al Senado, con el único apoyo del PP, la Ley de Evaluación Ambiental, que incluye, entre otros puntos, el nuevo pacto sobre el Tajo, denominado 'Memorandum del Tajo', adoptado recientemente entre el Gobierno y cinco comunidades autónomas.

En cambio, la Ley ha contado con el rechazo de PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y PNV, aunque una oposición insuficiente, dada la mayoría absoluta de los 'populares' en el arco parlamentario. CiU ha sido la única formación que se ha abstenido.

Entre otros puntos, han criticado que 'se cuele' en esta ley el citado memorando del Tajo, ya que la Ley versa sobre evaluaciones de impacto ambiental, además de que en ciertos puntos supone una invasión de competencias, dado que el medio ambiente está transferido a las comunidades autónomas.

A petición del Gobierno, esta ley se tramita por la vía de urgencia, un hecho que los grupos de la oposición han criticado también en varias ocasiones puesto que la Comisión Europea debate en estos momentos una nueva directiva sobre la materia.

Por lo que, según el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, la normativa entrará en vigor en la Administración General del Estado "inmediatamente", mientras que las comunidades autónomas tendrán un plazo de un año para adoptarla.

A esta ley los grupos parlamentarios habían presentado un total de 294 enmiendas parciales, de las que el PP ha aceptado la inclusión de cerca de siete, aunque todas ellas de carácter técnico.

Una oportunidad perdida

Durante el trámite parlamentario, la mayor parte de los grupos de la oposición han coincidido a la hora de destacar la importancia de una normativa de estas características para evitar en el futuro casos como el del proyecto Castor, cuya actividad ha provocado centenares de terremotos en la costa mediterránea.

No obstante, desde el PP, se defendió que en esta normativa se recogían las garantías suficientes para que este fenómeno previsiblemente no volviera a suceder. Esta normativa plantea también que los estudios de impacto ambiental incorporen expresamente la peligrosidad sísmica e inducida, con el objetivo de evitar más casos como el de Castor, donde se han registrado más de 300 temblores.

Concretamente, se especifica que los estudios de impacto ambiental incluyan la descripción, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los residuos, vertidos, emisiones o cualquier otro elemento derivado de la actuación como la "peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto".

A su vez, han rechazado el carácter mercantilista de esta normativa y han alertado de que puede suponer un paso atrás a la hora de proteger el medio ambiente.

El nuevo pacto sobre el tajo

Así, la Ley de Evaluación Ambiental recoge el nuevo acuerdo sobre el Tajo por el que "en función de las existencias conjuntas" en Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca), a principios de cada mes se decidirán trasvases con un máximo anual total de hasta 650 hectómetros cúbicos (hm3) en cada año hidrológico.

De este modo, los volúmenes de agua determinantes de la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura se actualizarán por medio de decreto, con el objetivo de adecuar "de forma flexible" las magnitudes a las variaciones hidrológicas observadas en los últimos años y contar con instrumentos "ágiles" para adaptarse a los posibles efectos de alteración hidrológica, como los inducidos por el cambio climático.

Reforzar la protección ambiental

El proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que unifica las leyes de evaluación ambiental estratégica y la de evaluación de impacto ambiental, con el objetivo de reforzar la protección medioambiental en España, así como de incrementar la participación de todos los agentes económicos y sociales en los procedimientos de evaluación ambiental, simplificar los trámites e incrementar la seguridad jurídica, ante la variada legislación autonómica.

En la defensa de esta ley, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha subrayado que establece un modelo básico de evaluación ambiental para homogeneizar la normativa en esta materia. Además, cree que esta ley sirve para corregir las insuficiencias detectadas en los 25 años de aplicación en España de la evaluación ambiental, como pueden ser la diversidad de normativas, "que genera inseguridad jurídica", o la tardanza en la emisión de algunas declaraciones de impacto ambiental.

La Ley establece a su vez una evaluación obligatoria de los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica, el denominado 'fracking', según ha relatado.

Entre las novedades, ha destacado también la toma en consideración del cambio climático en las evaluaciones ambientales, así como la puesta en marcha de los bancos de conservación de la naturaleza, "una línea estratégica" europea en la materia, implantada en Estados Unidos, por ejemplo, y que permite "compensar o restaurar las pérdidas netas de valores naturales que podrán ser comercializados".

Asimismo, ha indicado que se sancionará el denominado 'bunkering' con hasta 100.000 euros y se tipificará como infracción grave la prestación de servicios de suministro de combustible mediante el fondeo permanente de buques-tanque, o los vertidos de materiales para rellenos no permitidos en aguas comprendidas en los espacios naturales protegidos y en los espacios de la 'Red Natura 2000'.

El pasado 10 de octubre se celebró en el Pleno del Congreso de los Diputados el debate de totalidad de la ley por el que PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG querían que el texto presentado por el Gobierno fuera devuelto, una petición que fue rechazada por el PP, con el apoyo de UPN, Foro de Asturias y Coalición Canaria. UPyD fue la única formación que se abstuvo, mientras que el resto de grupos de la oposición las respaldaron.