El sindicato UGT Extremadura señala que el convenio suscrito recientemente entre los gobiernos central y regional supone "un paso en la mala dirección" y el "inicio de una externalización de los servicios públicos que abre la puerta a la mercantilización de la intermediación laboral".

El sindicato se ha referido de esta forma al convenio publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) suscrito entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Gobierno extremeño para la celebración de un Acuerdo Marco con Agencias de Colocación para la colaboración con los servicios públicos en la inserción laboral de personas desempleadas.

Con este "atajo", el Gobierno extremeño hace "más vulnerables a los trabajadores desempleados extremeños, que pasan a ser objeto de negocio, pasan a ser mercancías", según ha señalado UGT Extremadura en una nota de prensa.

Con la adhesión a este acuerdo marco, del que UGT afirma no tener ningún conocimiento "oficial", Extremadura se une a otras comunidades autónomas, que facilitan la entrada de "estas agencias que cobran un dinero por colocar parados". Asimismo, advierte de que también cobra "solo por atenderlos y, además, facturan por las denuncias al desempleado, siempre que esta denuncia lleve aparejada la sanción o suspensión de la prestación por desempleo de ese parado".

Entre 300 y 3.000 euros cobrarán como máximo estas agencias, según UGT, por realizar labores de intermediación con cada persona desempleada, lo que supone "una importante desviación de gasto público hacia intereses privados".

El sindicato afirma que "duda", además, de que el Gobierno "pueda poner en marcha los mecanismos necesarios para controlar y regular la actuación de las agencias privadas de empleo", y en particular se ha referido a que "respeten los principios constitucionales de igualdad de oportunidades y no discriminación".

El sindicato alerta asimismo sobre "el peligro de dualizar la intermediación laboral", en referencia al "riesgo" que supone que los servicios públicos se conviertan en "oficinas de asistencia social de intermediación", y las agencias privadas se dediquen "a colocar a los desempleados más cualificados y formados".

UGT Extremadura insiste en que, en lugar de aplicar "políticas persecutorias contra los desempleados", se invierta en políticas de empleo "modernas y adecuadas" a las necesidades del mercado de trabajo, y que se potencie el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), en lugar de "privatizar servicios a través de agencias privadas de colocación mercadeando con la población desempleada extremeña".