El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha considerado "legítimo" que las víctimas de ETA hayan pedido que se recurra la puesta en libertad de Inés del Río y Juan Manuel Piriz dictadas por la Audiencia Nacional tras la sentencia de la 'doctrina Parot' del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero ha explicado que la Audiencia Nacional es el órgano competente para ejecutar el fallo, ya que las ejecuciones de las penas dependen de los tribunales de primera instancia.

Calparsoro ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras mantener un encuentro con la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, en el que le ha entregado la memoria anual de la fiscalía.

En su intervención, el Fiscal Superior del País Vasco ha hecho referencia a la decisión de la asociación de víctimas de ETA 'Dignidad y Justicia' de presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la que piden la nulidad de la puesta en libertad de Inés del Río y Juan Manuel Piriz dictadas por la Audiencia Nacional tras la sentencia de la doctrina Parot del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

'Dignidad y Justicia' cree que la aplicación de la sentencia de Estrasburgo es "nula de pleno derecho", ya que corresponde al Tribunal Constitucional y no al sentenciador "anular excepcionalmente las resoluciones cuando la violación de un derecho fundamental se haya producido en el orden penal".

Calparsoro ha explicado que la Audiencia Nacional es quien debe ejecutar la sentencia de Estrasburgo porque es la competente en ejecutar el fallo, ya que las ejecuciones de las penas dependen de los tribunales de primera instancia.

"Es verdad que, luego, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional pueden hacer pronunciamientos vía recursos, pero la ejecución de la sentencia corresponde a las Audiencias Provinciales —cuando no sea un delito de terrorismo— o a la Audiencia Nacional", ha explicado antes de señalar que "prevalece la decisión de la sala penal de la AN", que como ha recordado, quien creó la 'Doctrina Parot' .

A pesar de reconocer que no conoce el contenido del escrito presentado por la asociación, Calparsoro ha informado de que ésta solicita que los fiscales generales sean quienes recurran la decisión del Tribunal Europeo que, según ha recordado, no sólo afecta a presos con delitos terroristas.

Petición legítima

"Yo creo que es una petición legítima, al fin y al cabo representan a un colectivo muy relevante", ha indicado, antes de reconocer que será necesario analizar "si entra o no en el principio de legalidad que sea el fiscal quien recurra el auto judicial", ya que, "para hacerlo, debe atenerse exclusivamente a la legalidad no a la oportunidad".

Además, ha subrayado que las excarcelaciones de Del Río y Piriz no han sido recurridas y que, si lo hubiesen sido, no se suspendería la ejecución del auto porque son de ejecución inmediata.

Finalmente, ha considerado "razonable" que la Audiencia Nacional haya decidido estudiar semanalmente —cada viernes— los casos afectados por la decisión europea, ya que "muchas veces no es fácil determinar el cómputo de las penas" y cree que esta decisión podría responder a una forma de proceder "lo más ordenada posible".