Centenares de trabajadores se manifestaron este miércoles en Valencia convocados por CCOO, UGT y CSIF contra una reforma de la Ley de Régimen Local que en la práctica supondrá "la desaparición de 25.000 puestos de trabajo en la Comunitat, privatizará los servicios y terminará con 35 años de democracia local", según denunciaron.

Los manifestantes, entre los que se encontraban los portavoces de PSPV, Compromís y EU en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, Joan Ribó y Amadeu Sanchis, así como alcaldes y portavoces de otros consistorios, como el de Buñol, que también iba en la cabecera de la marcha junto a los líderes sindicales, se han concentrado frente al consistorio tras una pancarta en la que se leía: 'Stop a esta reforma de la Administración Local'.

A continuación se dirigieron hasta Delegación de Gobierno donde dedicaron un aplauso a los seis mineros fallecidos en el Pozo Emilio del Valle, en el municipio leonés de La Pola de Gordón, y han entregado un escrito con los más de 300 pronunciamientos de las Junta y Comités contra esa Reforma.

El portavoz del PSPV, Joan Calabuig, ha manifestado la oposición "radical" de los socialistas a una reforma que supondrá que los Ayuntamientos dejen de prestar "servicios muy importantes" y ha advertido de que la Comunitat Valenciana "no está en condiciones de asumir más responsabilidades". Además, ha advertido de que provocará asimismo la pérdida de empleo de estos trabajadores públicos.

Del mismo modo, Amadeu Sanchis ha señalado que desde su formación han presentado enmiendas para que esta reforma "no vaya adelante" porque es "un paso más del PP para finiquitar los servicios públicos y continuar aumentando el desempleo en España". Por ello, ha recalcado su oposición y ha destacado que están aquí "codo con codo con los sindicatos dándoles su apoyo".

Asimismo, Joan Ribó ha advertido que esta ley "no está pensada para reducir el déficit público" ya que "los Ayuntamientos, salvo los grandes como Madrid o Valencia, no tienen déficit" sino que el problema es "la voluntad recentralizadora del PP" que "quiere hacer grandes servicios para grandes empresas que no podrán ser acometidos por ayuntamientos pequeños".

ESCRITO

En el escrito se señala que esta reforma es "una agresión sin precedentes contra los Ayuntamientos y puede suponer la desaparición del modelo de pueblos y ciudades que hemos construido desde la recuperación de la democracia municipal en 1979". Además, se advierte de que el objetivo es "la destrucción de la autonomía local y con ello reducir o deteriorar la prestación de los servicios públicos".

Así, señala que se pueden suprimir servicios tales como los servicios de salud municipal, educativos municipales, de animación sociocultural, se acaba con las políticas de igualdad y de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, los servicios de orientación laboral y formación para el empleo, entre otros.

Asimismo, alerta de que en el caso de los Ayuntamientos más pequeños, muchas de sus competencias podrían pasar a la Diputación provincial, convirtiéndose en administraciones tuteladas sin competencias, en definitiva sin ningún peso político, entre otras cuestiones.