Concesionaria dice que la oferta del Ayuntamiento de aumentar 500.000 kilómetros no está por escrito y Dueso replica que no la han pedido

Visto para sentencia el juicio por el ERE en la contrata del transporte urbano, que se podrá recurrir ante el Tribunal Supremo

Los trabajadores de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ) han solicitado la nulidad de los 153 despidos realizados por la empresa en agosto al estimar que no es proporcional a la situación de las condiciones de la empresa, con la reducción de 2,9 millones de kilómetros, mientras que la dirección sostiene que la media adoptada se ajusta a derecho.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha celebrado este martes el juicio por el proceso abierto en AUZ tras la demanda interpuesta por el comité de empresa ante los despidos en la compañía.

El abogado de los trabajadores, Vidal Aragonés, ha justificado la petición de nulidad de los 153 despidos (de los que 26 son bajas voluntarias) porque "no se puede decir que la situación de la empresa sea estructural, sino coyuntural" y porque "la perspectiva de una reducción de cerca de un 13,7 por ciento de kilómetros no puede eliminar el 'modus vivendi' de 153 familias".

Este 13,7 por ciento de reducción de kilómetros es la diferencia entre los cerca de 21 millones de kilómetros anuales que recogía la anterior contrata y los 18 millones de la vigente y que es una rebaja del 2,9 por ciento.

A esta disminución, se suma la anterior reordenación de líneas aprobadas antes de sacar a concurso los pliegos y que ha supuesto la supresión de las líneas 20 y 45, el recorte en otras y la reducción del servicio, lo que ha implicado que 43 autobuses menos circulen a diario por las calles de Zaragoza y, además, el precio por kilómetro recorrido es menor en la nueva contrata.

"silogismo evidente"

Tras esta exposición, el abogado de la empresa, Arturo Acebal, se ha preguntado "si alguien cree que se puede mantener la plantilla", para simplificar que "es de sentido común, que es el menos común de los sentidos, que a menos kilómetros y menos rutas hay menos personal. Es un silogismo evidente", ha dicho, para apostillar que a esto se suma que el precio por kilómetro marcado por el Ayuntamiento pasa de 4,86 euros a 4,28 euros, que es un descenso del 12 por ciento y una reducción del 21 por ciento de los ingresos sobre los de 2012.

El abogado de los trabajadores ha incidido en que la empresa, durante el periodo de consultas, "no dice cómo la reducción de los kilómetros afecta a la situación de la plantilla y eso causa indefensión". Aragonés ha apuntado que, durante las negociaciones, entre la parte social ha propuesto una reducción del salario y de la jornada laboral del 4,4 por ciento para evitar los despidos no voluntarios.

Otro de los argumentos de Aragonés ha sido la previsión de 68.000 horas extraordinarias para 2013, que equivalen a 48 puestos de trabajos, pero Acebal ha apostillado que del total, 40.000 horas extras desaparecen por inaplicación de convenio y las 28.000 restantes (de enero a julio se han realizado 12.730 horas) son estructurales y "salen a 26,3 horas extras por año y trabajador o 1,4 horas por empleado al mes, que está lejos del máximo legal de 80 horas anuales".

El abogado Acebal ha apuntado que la empresa ha propuesto un plan de recolocación porque "forma parte de la obligación ética o moral a introducir en un proceso negociador", para detallar que en 4 años habrá 61 jubilaciones, que, junto a las bajas por muerte vegetativa o invalidez, "llevaría a recolocar a prácticamente todos los despedidos forzosos", para dejar claro que la empresa "no puede aceptar que porque lo diga el Ayuntamiento o el comité lo haga en dos años".

Oferta "por escrito"

Seguidamente, se ha referido a la oferta de 500.000 kilómetros más anuales ofrecida por el Ayuntamiento para dejar constancia de que "no hay comunicación formal, es una manifestación política y no hay acuerdo del órgano correspondiente del Ayuntamiento", para calcular que supondría unos 32 empleos".

Acebal también se ha remitido a "los documentos oficiales del 24 de enero de 2013", en los que la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Dueso, dice que ante la reducción de kilómetros de la nueva contrata "se contempla una estructura de personal proporcional al número de kilómetros".

En su declaración como parte demandada, el gerente de AUZ, Manuel Ramos, ha relatado que esta oferta del Ayuntamiento "estaba ligada al acuerdo exclusivo entre comité y empresa y se valoró positivamente por la empresa, aunque el comité dijo que se retirara el expediente de inaplicación del convenio". "Ponen por delante la retirada de inaplicación del convenio y la empresa no lo pudo aceptar", ha apostillado, para precisar que era una oferta "verbal de Dueso, de la que la empresa no tiene notificación formal y está condicionada al acuerdo empresa-trabajadores".

En su testimonio, en calidad de testigo, Carmen Dueso ha relatado que el aumento de kilómetros se oferta el pasado 16 de agosto, tanto a la empresa como al comité para llegar a acuerdos y ha subrayado que "es un compromiso del Gobierno de Zaragoza y no se ha dado por escrito a la empresa porque no lo han pedido, pero si lo requieren, se les da" y ha agregado que "dicen que no lo aceptan y no dan razones, a pesar de haberlo preguntado".

Para Dueso, esa reordenación de líneas, con la consiguiente reducción de autobuses "supone menos horas de trabajo, pero no necesariamente menos trabajadores".

Sobre la subrogación de los trabajadores, Dueso ha informado de que "los servicios jurídicos municipales nos recomendaron utilizar el término subrogación en los pliegos como mayor garantía y entendíamos que se mantenía la plantilla porque había más garantías de continuidad y luego las partes pactarían las condiciones".

Anteriormente, Acebal ha apuntado que en los pliegos "se establecían la subrogación del personal, pero no exigía el mantenimiento de la plantilla y por tanto podíamos adoptar medidas tendentes a solucionar el desequilibrio" entre la anterior concesionaria —Tuzsa— y AUZ.

Cien millones de pérdidas

En calidad de testigo, por la empresa, ha declarado la perito Camino de Villareal, quien han expuesto un estudio realizado solicitado por AUZ sobre el impacto de la reordenación de autobuses del que "se constata que hay causa productiva y organizativa" para manifestar que "había sobredimensionamiento de personal y los costes salariales no estaban adaptados a la nueva realidad de la concesionaria".

Del mismo se desprende que las pérdidas para la empresa "sería de 43 millones en el primer año de explotación y de hasta cien millones de euros en los diez años de duración de la contrata" para cifrar en "837 puestos trabajo las necesidades de la compañía" de 1.200 empleados y el aumento de los 500.000 kilómetros que tendría "un equivalente a unos 21 empleos no compensa los 2,9 millones de kilómetros de pérdida".

Después de casi cuatro horas de declaraciones, el juicio ha quedado visto para sentencia, que se podrá recurrir ante el Tribunal Supremo.