El Gobierno gallego aprovecha la futura Ley de racionalización del sector público, que la oposición considera "un cajón de sastre" y una norma "orquesta" porque "toca de todo", para introducir la modificación de la Ley de Montes con el objetivo de permitir que las actas que agentes de la Policía Autonómica levanten por infracciones vinculadas con incendios se puedan traducir en sanciones inmediatas.

Así lo ha concretado el vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, quien ha defendido en el pleno la norma que "blinda" también la obligatoriedad de que todos miembros del Ejecutivo publiquen su declaración patrimonial en el Diario Oficial de Galicia cuando asumen su puesto y cuando lo abandonan, mediante la modificación de la Ley de incompatibilidades de altos cargos.

A la espera de que se concrete la votación, la oposición ha manifestado su rechazo hacia este proyecto normativo que previsiblemente será tramitado en la Cámara autonómica sólo con el apoyo de los populares. No en vano, PSdeG, AGE y BNG han coincidido en tildar de "pésimo" el texto legislativo y en incidir en que genera "confusión" e incluso "inseguridad jurídica".

Tanto la parlamentaria del BNG Tereixa Paz como la coportavoz de AGE, Yolanda Díaz, han coincidido en alertar de que la ley "abre la puerta a la privatización" con la decisión de impulsar determinadas agencias en materias "tan importantes" como la gestión de sangre y tejidos.

"Quieren garantizar que sus amigos entren por la puerta de atrás en la administración y librarse de quienes les hacen oposición, como el Instituto Galego de Estatística", ha denunciado Díaz.

Y es que en la norma está previsto que el Instituto Galego de Estatística (IGE) pase a formar un solo organismo junto con el Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeiro e Contable (Cixtec); lo mismo que harán el Instituto Galego de Consumo y el Consello Galego da Competencia.

Por su parte, la Axencia Galega de Seguridade Pública (Agasp) se integrará en la Dirección Xeral de Interior; el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) hará lo propio en la Dirección Xeral de Industria; la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), en la Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural; y el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga), en la Dirección Xeral de Traballo.

También se creará la Axencia Galega de Docencia, Formación e Investigación para agrupar la Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria, la Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias, la Unidade de Innovación en Saúde y la Subdirección Xeral de Investigación, Docencia e Innovación.

El Centro de Transfusións de Galicia, la Oficina de Coordinación de Trasplantes, los bancos de tejidos y las unidades de la Consellería de Sanidade y el Servizo Galego de Saúde con competencias en la materia formarán la Axencia Galega de Sangue e Tecidos.

"agresión" a los ayuntamientos

En su intervención, Tereixa Paz ha hecho hincapié en que, según recoge la propia memoria del texto, "el gran ahorro" que supondrá la ley "será de 600.000 euros", menos de "medio kilómetro de carretera", en palabras de la portavoz socialista en el debate, Beatriz Sestayo, que también ha incidido en esta cuestión.

Al tiempo, Sestayo ha denunciado que la nueva norma "consolida la agresión al municipalismo" al certificar que será la Xunta la que "determine" si un ayuntamiento puede poner o no "un servicio social a disposición de sus vecinos", extremo que ve "anticonstitucional y antiestatutario".

La oposición ha coincidido en reprobar que la norma "obviase" al Consello Económico e Social (CES) y que "limite" la participación de la ciudadanía, mientras que la popular Paula Prado ha avanzado que los populares facilitarán la tramitación de una ley "llena de racionalización y racionalidad" frente a las "críticas sin sentido" de PSOE, AGE y BNG.

Cinco textos refundidos

Por su parte, el vicepresidente ha repasado las medidas ya avanzadas de la norma como la apuesta por la "autoprovisión" y el empleo de los medios propios de la administración frente a las asistencias técnicas externas; el blindaje de la "centralización" de contratos; así como el "fraccionamiento en lotes" de los grandes contratos para garantizar el acceso a pequeñas empresas.

Por otra parte, ha destacado el "esfuerzo" de este nuevo texto por seguir avanzando "en el objetivo de adelgazar" la Administración paralela y ha subrayado que "se imponen límites" a la creación de nuevos organismos públicos y que se generalicen las técnicas de evaluación y su "sometimiento periódico" a planes de racionalización.

Asimismo, ha defendido que la nueva ley fomenta el uso de las nuevas tecnologías para "incrementar" la concurrencia en la contratación y reducir costes en empresas y ciudadanos; y aprueba "unas directrices de técnica normativa" para elaborar "textos más sencillos, homogéneas y comprensibles".

En este sentido, ha recordado que la Xunta ha asumido el compromiso de reducir el 25 por ciento de las leyes en vigor y ha remarcado que en la nueva norma se pide la autorización al Parlamento para permitir al Gobierno "la elaboración de cinco textos refundidos" que se integrarán en la normativa "ahora dispersa y fragmentada en hasta 12 textos legales diferenciados".