El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un informe en el Senado que defiende la adecuación del proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) a la estructura competencial del sistema autonómico, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la política de Educación.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido registrado ante la Ponencia de la Comisión General de las comunidades autónomas del Senado y se debatirá este martes junto a los votos particulares que al respecto han presentado Entesa, el Grupo Socialista, CiU, PNV y el Grupo Mixto, para quienes de un modo u otro, la LOMCE supone una invasión de las competencias autonómicas.

Al debate, que se prolongará mañana y tarde, está previsto que asista el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, para defender el proyecto normativo. Asimismo, intervendrán senadores autonómicos de CiU, PNV e ICV, varios representantes del área de Educación de las comunidades autónomas y los portavoces de los grupos parlamentarios, según las fuentes consultadas.

El documento registrado por el Grupo Popular y que previsiblemente saldrá adelante dada su situación de mayoría parlamentaria, repasa desde el punto de vista autonómico cada uno de los aspectos que regula el proyecto LOMCE, como el curriculo escolar, la organización de las enseñanzas, la progresión en el sistema educativo o las evaluaciones, y confronta la regulación con la jurisprudencia del Constitucional y el informe del Consejo de Estado al respecto.

Sobre el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza, incide en que "los poderes públicos tienen el deber constitucional de asegurar el conocimiento tanto del castellano como de las lenguas cooficiales". "El cumplimiento de este deber no puede excursarse por el generalizado conocimiento de una lengua por la población, sino que demanda la presencia efectiva de las lenguas en la enseñanza", sostiene.

Asimismo, destaca que "la exclusión del castellano como lengua vehicular resulta inconstitucional" y recuerda que, según el Tribunal Supremo, la atención individualizada en castellano como vía para satisfacer el derecho "conduce a una situación de discriminación".

En este sentido, apunta que el derecho a recibir enseñanzas en ambas lenguas tiene como finalidad evitar la exclusión de cualquiera de ellas como vehicular en la enseñanza "pero no supone el reconocimiento de un derecho a elegir una lengua de escolarización exclusiva".

Con estas premisas, argumenta que la LOMCE es "respetuosa" en el reparto competencial y es la primera de su tipo que "reconoce explícitamente la legitimidad constitucional de los modelos de inmersión lingüística" con la "única limitación" de no excluir el uso del castellano como lengua vehicular. "En términos positivos, que quede jurídicamente garantizado su uso en la proporción que determine la Comunidad Autónoma", concreta.

Además, afirma que esta "facultad de opción" no ampara la libre elección de un centro docente concreto, "ya que debe enmarcarse necesariamente en la programación de la enseñanza que realice cada administración educativa", y "no ampara la pretensión de recibir las enseñanzas única y exclusivamente en castellano", sino que "únicamente legitima la escolarización en un modelo en el que el castellano sea usado como vehicular en alguna materia no lingüística".