Rubén tiene 14 años, síndrome de Down y desde hace tres cursos está sin escolarizar. No va al colegio, sino que —de lunes a viernes— recibe tutorías de logopedia, que alterna con clases de socialización y de apoyo escolar en una ludoteca, y con sesiones de piscina terapéutica. Así es la rutina que eligieron sus padres, Alejandro Calleja y Lucía Loma, cuando la delegación provincial de Educación de León decidió su traslado obligatorio a un centro público especial para alumnos discapacitados, negándole la posibilidad de continuar en el colegio público al que asistía.

Este martes Alejandro y Lucía deben presentarse en el juzgado número 3 de León en calidad de imputados por un delito de abandono familiar. La Fiscalía ha actuado en este caso de oficio, en defensa de los derechos del menor, y ante la denuncia de la comisión local de absentismo escolar. El padre de Rubén, Alejandro Calleja, dice no sentirse culpable de delito alguno. Él defiende que es la Administración la que ha abandonado a su hijo al no poder garantizar "su derecho a una educación inclusiva, tal y como viene recogido en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad".

A unas horas de acudir al juzgado, el padre de Rubén explica a 20minutos.es que siempre prefirieron que su hijo estudiara en un colegio ordinario. "Es su derecho, no es nuestro capricho. No queremos para él la segregación de un centro especial para discapacitados, eso ya es algo del pasado", argumenta.

Rubén empezó a ir a la escuela pública cuando tenía solo dos años. Estuvo ocho cursos escolarizado —su familia dice que "perfectamente integrado"— hasta que en cuarto de primaria, en el curso 2009/2010, surgió un conflicto con su profesor. La familia de Rubén denunció al tutor por malos tratos, vejaciones y discriminación, un acoso que ninguna instancia judicial ha ratificado. El centro educativo y la administración provincial optaron por trasladar al menor a otro colegio público, esta vez de educación especial.

Los padres se oponen frontalmente al modelo educativo de los centros especiales para discapacitados. En palabras de Alejandro Calleja, en estos centros los niños "pierden autonomía, independencia. Están más inhibidos, apartados y segregados". Por eso escogieron para Rubén la educación en casa, asumiendo su coste. Al mismo tiempo batallaron judicialmente por la admisión de su hijo en un colegio público normal. Sin embargo, sucesivas sentencias avalan el cambio a un centro especial. Según una de ellas, citada por el Diario de León, había llegadi "un punto en el que la evolución educativa, de aprendizaje y conductual del menor que no puede ser abordado con garantías por los medios de los que dispone la Administración que son los que son y no otros". Con todo, la familia ha llevado el caso hasta el Tribunal Constitucional, estancia a la que han presentado un recurso de amparo.

En la Consejería de Educación de Castilla y León prefieren no comentar el caso, alegando que "está judicializado".

Estos últimos años, la familia de Rubén sí ha contado con el firme apoyo, terapéutico y letrado, de la asociación Solcom, que lucha por la inclusión social de las personas con discapacidad funcional. Su cruzada principal es la defensa del derecho a que el 100% de los niños puedan estar escolarizados en escuelas ordinarias, con los apoyos especiales que requieren, tal y como recomienda la ONU. Itziar Fernández, portavoz de la asociación, considera "un desacato" la denuncia de abandono familiar contra los padres del menor de León "porque llevan toda la vida luchando por la educación inclusiva y es el sistema actual el que los ha expulsado a ellos", asegura.

Juan Rodríguez Zapatero, el abogado de Solcom, acompañará este martes a Alejandro Calleja y a Lucía Loma al juzgado. Su tesis es que esta imputación carece de fundamento y además interfiere con un proceso que aún no ha finalizado. Mientras no haya una resolución del Tribunal Constitucional el proceso judicial está vivo, entiende el letrado, porque la resolución que ordena escolarizar a Rubén está pendiente de amparo. Asimismo, agrega que quien está ejerciendo un derecho, como en este caso el padre y la madre de Rubén, no puede estar cometiendo un delito y reprocha que se pretende criminalizar a los padres que ejercitan un derecho reconocido en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.

El artículo 24 de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad apuesta por la educación inclusiva. La ley educativa vigente, la LOE, impone una restricción a ese derecho en su articulado, al admitir que cuando las necesidades de los niños no puedan ser atendidas en los centros públicos ordinarios se permitirá su traslado a un centro de educación especial.

El profesor de psicología educativa de la Universidad Autónoma de Madrid Gerardo Echeita colabora de voluntario con Solcom y defiende que deberían ser las familias las que tomasen la decisión de dónde deben ser educados sus hijos. "Hay una discrepancia entre la convención internacional y la ley estatal que se ha llevado ante distintos tribunales, y en estos momentos está siendo considerada en el Tribunal Constitucional, que delibera si se ha vulnerado el derecho fundamental de un menor autista de Palencia", explica Echeita en referencia al caso de Daniel, un niño de ocho años cuyos padres también fueron denunciados por abandono familiar después de que la administración lo derivara a un centro educativo especial para discapacitados.

Actualmente, los padres de alumnos con discapacidad piden la opción educativa que prefieren, pero es una comisión de escolarización la que con los dictámenes de los equipos de evaluación psicopedagógica, decide finalmente a qué centro debe acudir cada niño. En torno a un 75% de los menores con discapacidad acuden a centros ordinarios, según Echeita, pero hay otro 25% que siguen acudiendo a centros educativos especiales.