El Grupo de IULV-CA, socio del PSOE en el Gobierno de la Junta de Andalucía, ha registrado una pregunta con ruego de respuesta oral en comisión en el Parlamento andaluz en la que insta al Ejecutivo autonómico a informar sobre el calendario establecido para proceder a la demolición del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), después de que una reciente sentencia judicial diera la razón a la administración regional en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra la resolución donde se ejercía el derecho de retracto y se determinaba la propiedad pública de los terrenos.

En la cuestión, suscrita por la coordinadora provincial de IULV-CA en Almería y parlamentaria andaluza, Rosalía Martín, y a la que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda cómo en diciembre de 2012 se aprobó una proposición no de ley instando al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a dirigirse al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a fin de proceder, con carácter de urgencia y en el entorno de colaboración institucional que posibilitó el acuerdo alcanzado entre ambas administraciones en julio de ese mismo año para la recuperación de la playa del Algarrobico.

La Cámara autonómica solicitó así, por tanto, que Gobierno y Junta de Andalucía iniciasen los trámites para la demolición del hotel al mismo tiempo que se completaba el estudio de la empresa Tragsa para evaluar y detallar las actuaciones técnicas y materiales precisas para la demolición, elaborando y aprobando un acuerdo de financiación para dicho derrumbe de acuerdo al informe y estableciendo un calendario para todas y cada una de las actuaciones a llevar a cabo para la demolición.

Ante el nuevo fallo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Martín pregunta por la situación en la que se encuentran los acuerdos adoptados con el Ministerio y qué calendario ha establecido la Consejería para dar cumplimiento a la proposición no de ley aprobada y, en consecuencia, proceder a la demolición del Algarrobico mediante un plan de empleo para el municipio de Carboneras, habida cuenta de que la titularidad de los terrenos es de la Junta de Andalucía.

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, se reafirmó recientemente, por su parte, en que la administración autonómica esperará hasta que haya "garantías jurídicas" para actuar. Así, la Junta podrá ejercitar el derecho de compra "cuando la sentencia sea firme", ya que contra el último fallo aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, "que no sabemos si el municipio ejercerá", mientras que asimismo hay que esperar resolución judicial sobre los recursos de la promotora Azata, especifica Serrano.

"Cuando haya seguridad jurídica la Junta podrá ejercer lo que viene defendiendo desde 2006, es decir, que la iniciativa es medioambientalmente insostenible y administrativamente inviable", hace hincapié la consejera, recordando el compromiso del Ejecutivo andaluz de recuperar el entorno, si bien esperando esas garantías, a las que han aludido "la asesoría jurídica y expertos en la materia del Gobierno andaluz".