La Junta de Castilla y León destinará un total de 10,99 millones de euros para la contratación durante un periodo mínimo de seis meses a través de entidades locales y de las distintas entidades sin ánimo de lucro de cerca de 2.100 desempleados en situación de exclusión social para realizar obras y servicios de interés general y social.

Según ha explicado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, los trabajadores contratados deberán estar en situación de exclusión social y desempleo y tendrán que estar inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

De esta subvención, un total de 10 millones de euros proceden del suplemento de crédito aprobado por las Cortes y comprometidos por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para un plan especial de empleo para desempleados mientras que los 995.000 euros restantes corresponden a fondos para la contratación a través de Entidades Locales del presupuesto de la Consejería de Economía y Empleo.

En concreto, esta subvención aprobada por el Consejo de Gobierno distribuye los casi once millones en dos partes, 7.955.000 euros que se destinan a la contratación de estos trabajadores por parte de las entidades locales y otros tres millones que saldrán en una convocatoria pública, en el Boletín Oficial de Castilla y León, para aquellas entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la contratación de este tipo de trabajadores a través de proyectos principalmente dirigidos a los ámbitos de dependencia y servicios, medioambiente y cultura.

El portavoz ha precisado al respecto que la Junta financiará los costes salariales, extrasalariales y de Seguridad Social derivados de la contratación temporal de estas personas.

Los contratos se realizarán a través de los ayuntamientos de la Comunidad cuya población sea igual o superior a 2.000 habitantes, de acuerdo con el padrón del año 2012. También se hará a través de las diputaciones provinciales, que podrán emplear directamente, o través de ayuntamientos con menos de 2.000 habitantes y mancomunidades.

"De esta forma la Junta de Castilla y León apoya a los ayuntamientos con mayores recursos pero también a aquellas entidades locales de menor tamaño para que puedan atender la prestación de servicios básicos", ha destacado el portavoz.

De este modo, los ayuntamientos recibirán en su conjunto 5.715.000 euros y las diputaciones provinciales 2.240.000 euros para este plan de empleo local. Cada municipio recibirá un importe máximo de 150.000 euros y mínimo de 20.000 euros mientras que en el caso de cada diputación provincial el importe máximo será de 310.000 euros y el mínimo de 200.000 euros.

Los trabajadores en riesgo de exclusión social son aquellos que son perceptores de renta garantizada de ciudadanía e, igualmente, a todos aquellos que, tras haber agotado prestaciones, se encuentren entre los colectivos de mayores de 50 años, víctimas de violencia de género, víctimas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, participantes en el Programa Personal de Integración y Empleo, desempleados como consecuencia de un despido colectivo, y personas toxicómanas rehabilitadas, ex presidiarios y pertenecientes a minorías étnicas.

El portavoz ha recordado por último que esta medida está en consonancia con la Estrategia Europea 2020, cuyo principal objetivo es la mejora del empleo, a través de su creación y el mantenimiento del existente, procurando la mejora de su estabilidad y calidad, potenciando la inserción laboral de los trabajadores desempleados.