El Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Sevilla ha anunciado la próxima licitación, mediante la fórmula del procedimiento negociado con publicidad, de diversas concesiones administrativas correspondientes a la gestión y explotación de un total de 34 instalaciones deportivas básicas municipales que hasta ahora estaban en manos de juntas rectoras.

La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María del Mar Sánchez Estrella, ha explicado este miércoles, en rueda de prensa, que hasta comienzos del presente mandato más de 40 instalaciones deportivas básicas pertenecientes al IMD estaban gestionadas a través de la figura de las juntas rectoras. Las juntas rectoras, como recogen los estatutos aprobados por el pleno del Ayuntamiento en 2005, nacieron en 1993 como órganos colegiados sin ánimo de lucro para que los clubes o entidades deportivas de cada zona participasen en la gestión de las instalaciones municipales de su propio territorio.

El quórum de las juntas rectoras

En mayo de 2005, el pleno del Ayuntamiento aprobó unos nuevos estatutos para estas juntas rectoras a fin de adaptar esta figura a la "realidad asociativa" del momento y la "evolución" de las instalaciones deportivas básicas municipales. Los estatutos aprobados en 2005, en ese sentido, estipulan que cada junta rectora debe contar con la participación y representación de entre tres y nueve entidades deportivas, estableciendo "formas" para resolver la posible ausencia de este quórum y otorgando al IMD la capacidad de decidir la disolución de una junta rectora a través del correspondiente expediente, toda vez que los citados estatutos determinaban un mandato de dos años para las juntas rectoras constituidas a su amparo.

Los estatutos aprobados en 2005, en ese sentido, señalan en efecto la idea de "aplicar nuevos modelos de gestión" en las instalaciones deportivas básicas municipales una vez cumplidos los dos años de mandato de las juntas rectoras constituidas entonces. Así, y según esgrime el Gobierno municipal, en 2007 medió un nuevo procedimiento para constituir unas nuevas juntas rectoras para las instalaciones deportivas básicas municipales. Dadas las incidencias surgidas en este procedimiento, ese mismo año la gestión de 41 instalaciones fue entregada a juntas rectoras constituidas provisionalmente, algunas de las cuales no se ajustaban a los estatutos, siempre según el Gobierno local del PP.

El informe del secretario

Sobre esta situación media un informe emitido en octubre de 2007 por la Secretaría General del Ayuntamiento. Dicho informe, recogido por Europa Press, expone que "en un gran número de supuestos no se han constituido las juntas rectoras" dado que "no existían en su ámbito territorial suficientes entidades deportivas usuarias para proceder a la constitución de estos órganos colegiados". "El modelo que inicialmente ha dado buenos resultados parece que ha llegado a su fase de agotamiento y es necesario articular nuevas fórmulas de gestión", señala este informe que, como medida "transitoria" proponía autorizaciones provisionales de un año de vigencia y concluye que la gestión indirecta y "ordinaria" de estas instalaciones debe estar sujeta a contratos de "gestión de servicios públicos".

A tal efecto, la concejal popular señala que pese al conflicto jurídico desencadenado en 2007 en torno a las instalaciones cuyas juntas rectoras carecían del número mínimo de entidades para su plena constitución, el Gobierno local del momento no promovió ninguna "reforma" que solventase tal incidencia y no hubo una "regularización" efectiva. "El 76 por ciento de las juntas rectoras no tenía el mínimo de tres entidades que marcan los estatutos", ha enfatizado. A tal efecto, ha denunciado el incumplimiento sistemático de la cláusula de los estatutos de 2005 que asigna a las juntas rectoras los gastos y pagos derivados de la explotación de las instalaciones y la disolución de nueve juntas rectoras durante el mandato en curso por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones.

Concesiones administrativas

Para "regularizar" toda esta situación, siempre según la concejal de Deportes, el IMD ha resuelto licitar, mediante la fórmula del procedimiento negociado con publicidad, las concesiones administrativas relativas a la gestión y explotación de un total de 34 instalaciones deportivas básicas municipales, todo ello merced a una serie de "planes de viabilidad" que arrojan "resultados positivos" a la hora de explotar dichas instalaciones.

Estas licitaciones, que comenzarán con una atacada de 18 instalaciones deportivas, contemplan dos modalidades para las concesiones administrativas. La primera comprende un periodo de cinco años e implica para el adjudicatario la obligatoriedad de acometer determinadas inversiones con una participación del 50 por ciento a cargo de las arcas del IMD. La segunda modalidad contempla sólo dos años de vigencia al no mediar obligaciones de inversión y en ambos casos mediará un canon anual en favor del Ayuntamiento.

Las tarifas

Las tarifas de las instalaciones deportivas básicas entregadas en concesión administrativa corresponderán a lo determinado por las propias adjudicatarias de tales concesiones, si bien la concejal ha defendido insistentemente que primarán las ofertas que contengan precios "asequibles" para los usuarios.

"Esto no es una privatización", ha enfatizado la concejal de Deportes negando que las instalaciones deportivas básicas municipales vayan a ser "colonizadas" por las multinacionales del deporte. En ese sentido, ha reconocido que la salida a concurso de la gestión de estas instalaciones estará abierta también a las empresas, pero ha defendido el "trabajo" del IMD en los últimos dos años para "acompañar" a las entidades deportivas de barrio que concurran a los concursos.