El fiscal adscrito al fiscal de sala de Extranjería del Tribunal Supremo (TS), Luis Lafont Nicuesa, ha impartido este martes una conferencia en el Colegio de Abogados de Córdoba, bajo el título de 'Novedades en materia de extranjería y documentación de menores extranjeros no acompañados', en la que ha advertido del fenómeno de 'los niños ancla', que alude a "las situaciones en las que existen indicios o sospechas de que redes de tratas de seres humanos utilizan a adultos para introducir a niños lactantes o de corta edad en España".

En declaraciones a Europa Press, el fiscal ha detallado que con esta práctica se trata de "lograr el estatuto de inmigrante con niños, dificultar las posibilidades de devolución o expulsión y utilizar al menor como medio de anclar al adulto a España y proceder a su explotación por diversas vías".

En este sentido, ha expuesto varias medidas que se puedan hacer para luchar contra este fenómeno, "desde la utilización de pruebas de AND para detectar las filiaciones simuladas a proteger el interés del menor a través de actuaciones coordinadas de los servicios de protección de las comunidades autónomas, la Fiscalía y el Cuerpo Nacional de Policía".

Al respecto, explica que el tema surgió en Córdoba, en la localidad de Puente Genil, y otros sitios donde se ha detectado es en Sevilla, Algeciras o Melilla, de modo que Andalucía y Melilla son las zonas con mayor incidencia donde se ha detectado esta figura, según Lafont, quien detalla que "el 25 por ciento de las pruebas de AND que se han realizado han detectado que las personas que dicen ser progenitores de los menores no han resultado serlo".

Córdoba pionera

Por otra parte, aborda el tema de las documentaciones a menores extranjeros no acompañados "al ser Córdoba el sitio pionero por haberse estimado por un juzgado de lo contencioso administrativo una demanda de la Fiscalía contra la denegación justificada de una documentación a un extranjero bajo la tutela de los servicios de protección". Una resolución de principios de este año.

Así, detalla que "la Fiscalía interpuso una demanda frente a determinadas interpretaciones que se sostenían por la Delegación del Gobierno sobre si un plazo de nueve meses que establece el reglamento de extranjería para documentar a menores extranjeros, es un plazo que debe transcurrir siempre, como se sostenía". O bien, "como se planteaba por la Fiscalía, el interés del menor exige que sean documentados a la mayor brevedad y ese plazo de nueves meses es máximo, no necesariamente debe agotarse, una vez que se comprueba que la repatriación, como exige la ley, no va a ser posible cuando el menor está muy próximo a alcanzar los 18 años de edad, y en estos casos hay que documentarlo necesariamente".

También se aludía a "determinados temas jurídicos sobre a quién le correspondía aportar la carga de la repatriación, entendiendo la Fiscalía que debe ser la administración del Estado a quien correspondía la obligación, tal y como establece la Ley, y así fue estimado por el juzgado de lo contencioso administrativo", según ha explicado.

Además, en la conferencia ha analizado el proyecto de reforma del Código Penal, "que tiene escasamente un mes de vigencia", además de "ver las diferencias que existen entre la expulsión judicial de extranjeros" antes y después de la reforma; "analizar la problemática en relación al delito de trata de seres humanos e inmigración ilegal", así como "estudiar el delito de contratación masiva ilegal de trabajadores extranjeros, sin el correspondiente permiso de residencia y trabajo, y las contrataciones colectivas de trabajadores sin estar dados de alta en la Seguridad Social", ha apostillado.