El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, anunció este lunes que el Ayuntamiento se personará en la causa abierta por la Fiscalía de Las Palmas por un supuesto delito societario en Emalsa como parte perjudicada.

"Sin que eso prejuzgue ni suponga nada, sino porque es el cumplimiento de nuestro deber y nuestra obligación, el Ayuntamiento se personará en el procedimiento judicial una vez que se inicie", dijo el primer edil capitalino en declaraciones a los medios de comunicación.

Recordó aquí que en estos momentos la Fiscalía ha remitido el asunto a un juzgado y agregó que, en la medida en que éste incoe un procedimiento de diligencias previas al respecto y se tenga la oportunidad procesal de personarse, "que nadie dude" de que el Consistorio lo hará como presunto perjudicado.

"No estoy —insistió Cardona— prejuzgando ni acusando de nada más allá de lo que significa el estricto cumplimiento del deber, y en este caso es personarse en el procedimiento para la defensa del interés general".

Por su parte, el alcalde hizo especial hincapié en que el Ayuntamiento ha actuado y actuará en este asunto basando en dos criterios: en primer lugar con prudencia, pero también con determinación y firmeza para defender el interés general, exigir el cumplimiento de los contratos de Emalsa con la ciudad y velar para que el interés de los ciudadanos esté siempre protegido.

Alquiler de la sede de emalsa

Cuestionado sobre el alquiler de la sede de la compañía, que podría incluso hasta triplicar su valor real de mercado, Cardona quiso esperar a conocer contenido exacto del escrito de la Fiscalía.

"Lo que ocurre es que en este caso, la valoración que se ha publicado en relación al contrato de alquiler es que han sido tan evidentes las afirmaciones que desde todos los lados hemos hecho en relación a que ese contrato tiene una renta altísima, desproporcionada. Será el doble, el triple... en cualquier caso, es evidente que no es un precio de mercado", matizó.

Aquí, señaló que existen tres caminos para cambiar el contrato de alquiler, puesto que, lógicamente, hay que someterse a lo firmado, salvo que se encuentre una vía jurídica para anularlo por abusivo.

En primer lugar, el alcalde explicó que se podría llegar a un acuerdo voluntario de las partes firmantes; en segundo lugar mediante una reclamación judicial solicitando a un juzgado que considere nulas algunas de las condiciones del contrato, como por ejemplo las indemnizaciones; o, finalmente, que se pueda acreditar que en la firma del contrato de alquiler de la sede de Emalsa existieron voluntades más allá de la mercantil, que tuvo consecuencias lesivas para el Consistorio.

"Hasta este momento —aseveró—, hemos trabajado en la búsqueda de un acuerdo, de decir al propietario que la situación es inasumible y que no se pueden seguir pagando estas cantidades".

Por último, el primer edil apostó por esta vía, ya que existen informes jurídicos que advierten de que si se dejan las oficinas "a las bravas" —notificándole al propietario que a partir de una fecha no se estará en el inmueble y el contrato se da por resuelto—, el propietario pondría una demanda exigiendo el cumplimiento del contrato o las indemnizaciones acordadas en el mismo.